CONACYT

Denuncia contra científicos y académicos se trata de una venganza, advierte investigador

Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, señaló que las autoridades únicamente va contra los integrantes del consejo de la administración pasada

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La denuncia va en contra de 31 científicos y académicos que estuvieron en el Conacyt en la administración pasada. Foto: Archivo

Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, explicó que la denuncia en contra de científicos e investigadores del Conacyt se trata de una venganza en contra de los integrantes del Foro Consultivo por parte de María Elena Álvarez-Buylla, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En entrevista para El Heraldo Radio en "A la Una" con Salvador García Soto, el investigador señaló que la doctora Álvarez-Buylla sólo busca tener más poder, pero no le interesa mejorar al organismo.

Argumentó que la venganza es evidente, ya que la investigación empezó en junio de 2020 y pasó un año para que la denuncia progresará, y únicamente ha sido contra los integrantes del Foro Consultivo que operó durante la administración pasada, que estuvo de 2013.

"Definitivamente al presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa la ciencia ni la tecnología, por ello puso al frente a la doctora Álvarez-Buylla, quien no ha dado resultados, porque sigue sin entregar la vacuna patria a más de un año y medio que inició la pandemia", expuso.

Los delitos que imputa la Fiscalía General de la República (FGR) a científicos y académicos Conacyt acumulan una pena máxima de 81 años de prisión.

La Fiscalía solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que 31 científicos, académicos y exfuncionarios del consejo puedan ser detenidos por los delitos de delincuencia organizada que prevé una pena máxima de 40 años de cárcel; peculado, con una pena de hasta 14 años; uso ilícito de atribuciones y facultades, que tiene una pena máxima de 12 años y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una pena de hasta 15 años de cárcel.