El "peligro de contagio" es un delito que podría llevar a una persona a la cárcel a personas que tienen VIH, como sucedió el pasado mes de junio, cuando un hombre era encarcelado en la Ciudad de México por no haberle informado a una expareja que era portador del VIH.
De acuerdo con AFP, el delito adaptado a la pandemia de sida recobró fuerza con la de Covid-19, y se trata de una falta que puede acarrear hasta cinco años de cárcel a quien, sabiendo que tiene una enfermedad venérea o grave, infecte a más personas "por relaciones sexuales" u "otros medios".
"El delito lo que hace es criminalizar a las personas que viven con alguna condición de salud, sea VIH o cualquier otra", dice Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) del gobierno de Ciudad de México.
En 2020, la fiscalía de la capital abrió 78 investigaciones por "peligro de contagio" y ya suman 52 este año, según datos oficiales que no precisan qué enfermedad motivó las querellas. Pero comparadas con las nueve denuncias de 2018 y las 12 de 2019, el impacto del coronavirus resulta evidente.
Aunque no hay reportes de nuevos encarcelamientos, la jefa del Copred considera "estigmatizante" investigar a un paciente de Covid-19.
El delito de "peligro de contagio"
El "peligro de contagio", presente desde hace décadas en el código penal federal, responde a viejos moralismos de raíz católica como castigar conductas "licenciosas", según estudios académicos. En los años 1990, el avance del sida llevó a endurecer la norma en el naciente código penal del entonces Distrito Federal.
"El delito de lesiones puede sancionar penalmente a una persona que de manera dolosa vaya y contagie a otra. Y si tiene la intención de hacerlo y no lo logra, tenemos el de lesiones en grado de tentativa", explica González de la Vega.
La figura contradice así los principios constitucionales de dignidad humana y no discriminación por condición de salud.En el caso de Juan "N", la fiscalía lo expuso irreversiblemente al difundir la acusación, su rostro y datos personales.
"Es ilegal", sostiene Jaime Morales, director de diversidad sexual del gobierno capitalino, que hoy trabaja en capacitar y sensibilizar al personal que divulgó la información.
El encierro de Juan, que duró una semana, fue por la denuncia de su expareja, cuyos abogados alegan que fue engañada y puesta en riesgo. La fiscalía argumenta que lo arrestó por no haber respondido a citaciones judiciales.
La jueza determinó finalmente que podía seguir el juicio en libertad. La AFP contactó al implicado y a su defensora, quienes se abstuvieron de declarar para no afectar el proceso.
Con información de AFP