Expertos rechazaron que la consulta popular del 1 de agosto sea para enjuiciar a expresidentes, coincidieron que el problema luego del ejercicio ciudadano será cuáles son las decisiones y quiénes los actores políticos del pasado que deberán ser investigados en caso de que gane el “Sí”, advirtieron que las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también pueden ser consideradas.
En el primer día de las jornadas de diálogo sobre la consulta popular, en la que se consultará a los ciudadanos si se debe o no a los actores políticos del pasado, expertos, académicos e investigadores, reconocieron lo trascendente del ejercicio ciudadano que se realizará en dos semanas y llamaron a la ciudadanía a participar.
Sin embargo, aclararon que la consulta, no es sobre si se debe enjuiciar o no a los expresidentes, advirtieron que quienes así la promueven, están mal informando.
“Las personas y organizaciones políticas que promueven esta idea (juicio a expresidentes) están difundiendo información falaz, equivoca y probablemente mal intencionada”, señaló Alejandro Monsiváis, profesor investigador del CONACYT, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especializado en el estudio de la democracia.
Los participantes en el primero de tres foros nacionales que se realizarán este martes; así como los días 26 y 30 de julio, con especialistas y académicos, coincidieron en las dificultades que implicará, en caso de que gane el “sí” y participe el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para qué sea vinculatoria, la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Subrayaron que el problema será determinar cuáles y quiénes será sujetos a investigación y en qué casos hay víctimas, subrayaron que la pregunta aprobada por la Corte también incluye las decisiones tomadas en esta administración.
“El problema o los problemas mayores van a estar en decidir qué son decisiones políticas, hasta dónde nos vamos en el pasado y quiénes son los actores políticos a los cuales podemos llamar a cuentas” señaló Irma Méndez de Hoyos, doctora de Gobierno por la University of Access, en el Reino Unido; maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Londres; y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM.
Señalaron que el problema es la ambigüedad de la pregunta y tiene elementos más críticos; como es “acciones pertinentes” señalaron que en ese caso dependerá de las instituciones y del marco legal, pero se presta a interpretaciones y podría tratarse del Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación.
En cuanto a “actores políticos” señalaron que los políticos son aquellos que se eligen por la vía del voto y ahí está incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“… En este sentido, las decisiones que tomó hace un mes pues se incluyen porque son decisiones del pasado. Entonces, tendríamos que incluir al Presidente actual, a los expresidentes, a los gobernadores, a los diputados federales, a los diputados locales, y de ahí, digamos, en el ámbito local, a todos aquellos de representación popular”, subrayó Méndez de Hoyos.
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