Una de las propuestas más controversiales del gobierno federal recibió un revés. Y es que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la suspensión solicitada del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que pretendía recopilar datos biométricos.
La suspensión de la obligación de instalar, operar, regular y mantener el Panaut fue otorgada por considerar que “existe una inminente afectación presupuestaria del IFT, que puede poner en peligro su autonomía constitucional”, de acuerdo por lo dicho por el organismo de justicia. Tan sólo el pasado 26 de mayo presentó el recurso.
El IFT expuso que “no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto”. Por medio de un comunicado refirió que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 “están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador”.
Además, llevar a cabo esta orden gubernamental “contraviene su autonomía presupuestal” y sólo afectaría sus operaciones, por lo que era imperante aplazar la medida.
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¿Qué es lo que sucederá con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil?
Al respecto, Luis Fernando García, director de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, explicó que ahora quedarán paralizadas las campañas de difusión sobre el Panaut, pero eso no significa que en el futuro, con nuevas reformas, se implemente. Y es que el IFT tenía como límite el mes de octubre para emitir las reglas, pero ahora suspenderá las acciones así como la emisión de disposiciones administrativas para su operación, por ahora.
¿Por qué levantó tanto revuelo la reforma?
El gobierno planteó dejar sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas. ¿Por qué? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto es una medida para combatir las extorsiones y al crimen organizado.
Desde el 27 de abril la reforma estaba suspendida de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por considerarla como violatoria de los derechos de usuarios y “no disminuirá los delitos”.
El IFT se sumó con una acción de inconstitucionalidad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril. Y es que la firma Digital Policy & Law Group estimó que la citada reforma podría dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a un celular, en particular a personas de bajos ingresos.
msb