La seguridad privada enfrenta un panorama cada vez más complejo en Coahuila, marcado por presiones económicas, falta de regulación efectiva y la indiferencia de las empresas contratantes hacia las condiciones laborales de los trabajadores. Sobre este tema, conversamos con Isaac Del Bosque, presidente del capítulo Coahuila de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP). Su diagnóstico es contundente: las empresas que contratan servicios de seguridad están dinamitando el desarrollo del sector al priorizar costos bajos por encima de la calidad y la legalidad.
El problema de las empresas ilegales y precios irreales
"Este no es un problema nuevo", dice Del Bosque. "Las empresas ilegales han proliferado porque hay una gran demanda para ellas. En Coahuila, una parte importante de la comunidad empresarial prefiere ahorrar unos cuantos pesos contratando servicios de seguridad más baratos, aunque esto implique recurrir a compañías que operan fuera de la ley".
Estas empresas ilegales, explica, no cumplen con los permisos requeridos, evaden impuestos y ofrecen condiciones laborales deplorables. “A sabiendas de que los costos que manejan son insostenibles, las empresas contratantes no se detienen a pensar en las consecuencias: están contribuyendo a la precarización del sector y al incumplimiento de la ley”.
“Si contratas a una empresa ilegal, automáticamente te conviertes en cómplice de esa ilegalidad. Esto no lo quieren entender muchas organizaciones, y las consecuencias van más allá del costo: afectan a la sociedad, a la economía local y al trabajador”, enfatiza Del Bosque.
Inflación y costos insostenibles
Isaac señala que, desde la pandemia, la presión sobre las empresas de seguridad privada ha aumentado. “Los clientes buscan soluciones inmediatas a problemas como la rotación de personal, pero no están dispuestos a pagar por ello. Actualmente, nos piden operar con precios de 2019, ignorando que los costos han subido considerablemente”.
Detalla que muchas empresas se niegan a aceptar incrementos relacionados con la inflación. “Cuando vamos con nuestros clientes y planteamos un ajuste en los costos, la respuesta es: ‘Si no aceptas el mismo precio, cancelamos el servicio’. Esto, mientras otros sectores ajustan sus precios sin problema, como en los alimentos y productos básicos, donde los incrementos son de dos dígitos”.
El impacto en el trabajador y en la calidad del servicio
El efecto de esta presión económica recae directamente sobre los trabajadores. Los contratantes quieren pagar “16 mil pesos al mes por elemento, ese monto no alcanza para cubrir un sueldo competitivo, prestaciones legales, capacitación, uniformes y horarios que cumplan con la ley. Esto significa que los trabajadores reciben salarios bajos, jornadas extenuantes y cero posibilidades de crecimiento”, denuncia Del Bosque.
A esto se suma la falta de inversión en planes de carrera para los empleados. "Sin recursos suficientes, no podemos formar profesionales ni ofrecerles un desarrollo a largo plazo. Esto no solo afecta al trabajador, sino también a la calidad del servicio que se presta", afirma.
“La seguridad privada genera más de 900 mil empleos formales a nivel nacional y somos la cuarta fuente generadora de empleo. A pesar de ello, seguimos siendo el último eslabón de la cadena para muchas empresas que no valoran el impacto de nuestra labor”, lamenta.
Hipocresía empresarial: responsabilidad social solo de palabra
Isaac del Bosque también señala una contradicción en el discurso de muchas empresas que presumen ser socialmente responsables, pero que, en la práctica, fomentan estas condiciones. "Contratar a empresas ilegales no solo afecta al sector de seguridad privada, sino que debilita el desarrollo empresarial en general. Es una conducta hipócrita y contraria al desarrollo social que dicen promover".
Ante este panorama, Del Bosque hace un llamado a las autoridades estatales y a las cámaras empresariales como Canacintra, Coparmex y Canaco para que actúen. “Es necesario visibilizar este problema y generar conciencia. Las empresas que buscan ahorrar a costa del bienestar de los trabajadores y de la calidad del servicio están destruyendo un sector clave para la economía y la seguridad de nuestra región”.
Finalmente, subraya la necesidad de una regulación más estricta y de un cambio en la mentalidad empresarial. “Debemos dejar de operar bajo esta lógica de ahorro inmediato y empezar a ver a los proveedores como aliados. Solo así lograremos un equilibrio entre costos justos, calidad y desarrollo sostenible para todos los involucrados”.
Isaac Del Bosque concluye con una reflexión: "La seguridad privada no es un lujo, es una necesidad. Si las empresas no lo ven de esa forma, terminaremos pagando todos un precio mucho más alto".
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