La Cámara de Diputados aprobó este viernes quitar el fuero constitucional del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como le solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda juzgarlo por delitos como defraudación fiscal equiparada; la resolución fue enviada al Congreso de Tamaulipas.
El dictamen de la Sección Instructora –instancia que procesó el caso- se aprobó en medio de un agitado debate, con 302 a favor, 14 abstenciones y 134 en contra. Estos últimos fueron de la oposición, que acusó a Morena y aliados de hacer un “uso electoral de la justicia”.
Durante seis horas y media en calidad de Jurado de Procedencia, el Pleno escuchó alegatos y réplicas de la parte acusatoria y de la defensa. La Fiscalía aseguró que el gobernador acumuló inexplicablemente más de 951 millones de pesos en 14 años.
“Francisco Javier García Cabeza de Vaca, valiéndose de cargos públicos, ha acumulado una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas y el estado de Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 y/a 2019, tratándose de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias, es decir, un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres, principalmente de su círculo familiar, cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas”, dijo la agente de la FGR, Elizabeth Alcántar Cruz.
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García Cabeza de Vaca aprovechó su derecho de no presentarse a su juicio en la Cámara, y en su lugar mandó a su abogado, Alonso Aguilar Zinser,
“No, nuestro cliente no ha cometido delito alguno de acuerdo a las constancias que obran los expedientes, que no tiene las casas, departamentos y bienes y cientos de millones de pesos que se refiere en todas las manifestaciones que se han hecho. Lo que tiene el gobernador de su propiedad es lo que está en sus declaraciones patrimoniales. Si se dice que tiene tales o cuales bienes propiedad de terceros, pues que se acredite, esa es la obligación de la autoridad”, señaló.
La solicitud de Declaratoria de Procedencia (desafuero) fue presentada por la Fiscalía el pasado 23 de febrero para juzgar al mandatario estatal por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara, que dictaminó la solicitud, sólo encontró elementos para sustentar la acusación por probable daño al fisco federal por 6.5 millones de pesos.
“La Sección Instructora no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial. Lo que es de la convicción de la Sección Instructora es la defraudación fiscal equiparable”, explicó en tribuna el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez.
En el expediente de la FGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación acusó que el mandatario estatal “consignó ingresos menores a los realmente obtenidos”, pues declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 6 millones 649 mil pesos en ingresos cuando realmente obtuvo 42 millones 936 mil 272.75 pesos.
Al existir una discrepancia de casi 37 millones de pesos, resalta, García Cabeza de Vaca debió pagar 6.5 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR). La defensa argumentó que su cliente obtuvo dichos ingresos por la venta de un departamento en San Fe, del que era copropietario junto a su esposa, con un valor de casi 42 millones de pesos.
“El gobernador y su esposa pagaron el impuesto correspondiente en tiempo y forma por la venta del departamento”, defendió Zinser.
En medio del debate Morena, el PT y el PES lanzaron diversos señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas, uno de ellos fue del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien en tribuna exhibió una fotografía con el supuesto rostro joven de García Cabeza de Vaca al ser fichado en Estados Unidos.
“Hoy, en razón del Día del Niño, les quiero mostrar esta fotografía, de un casi niño Cabeza de Vaca fichado por el FBI en McAllen, Texas, por robar autos. Aquí está, ustedes lo sabían, lo hicieron diputado federal, senador, presidente municipal de Reynosa y gobernador, y ahora lo vienen a defender, fichado por el FBI cuando era casi un niño por robar autos. Este es el panista que ustedes están defendiendo”, señaló.
Por su parte, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, resaltó la ausencia de García Cabeza de Vaca en el Salón de Plenos, llamándolo “cobarde” y cuestionando su inocencia, y poniendo en duda cómo logró hacerse de un departamento de 42 millones de pesos ocupando sólo cargos públicos.También se fue contra su abogado.
“Mandó a un abogado de una familia de prestigiosos juristas a defenderlo. Alonso Aguilar Zínser ha defendido a Mario Marín y a Raúl Salinas de Gortari, tiene experiencia en defender delincuentes que se dedican a la política y que han hecho de la política su actividad”, dijo.
En tanto, la bancada del PAN acusó que se atropelló el procedimiento legal para dictaminar el caso y, desde tribuna y con pancartas, exigieron a Morena “¡Basta de persecución política! Alto al uso electoral de la justicia”.
“Dejaron de optar por los procesos de justicia que nos obliga la Constitución para montar este vergonzoso circo mediático y nulificación de las instituciones, decidieron optar en tiempo electoral por el uso selectivo de los mecanismos de los instrumentos de justicia. Gritan porque no tienen ideas, no tienen argumentos y porque ni siquiera han leído lo que van a aprobar. Son una franca vergüenza y su educación así lo demuestra”, dijo el diputado panista José Elías Lixa, al presentar una moción suspensiva del juicio, la que no procedió.
El coordinador de los panistas, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que el juicio contra su correligionario “es un acto faccioso, un proceso discrecional y sesgado en tiempos electorales y por un capricho orquestado por el Presidente de la República”.
Expuso que se violó el marco legal en el proceso del juicio, vulnerando la presunción de inocencia del gobernador desde el principio, cuando el coordinador de Morena, Ignacio Mier, publicó en sus redes sociales de manera “indebida” la notificación relativa al proceso.
También porque se filtraron datos sin corroboración en expedientes oficiales, como sucedió durante una audiencia pública de la Sección Instructora con el titular de la UIF, Santiago Nieto; y también se excluyó inapropiadamente al PAN de integrar la Sección.
Las bancadas del MC, PRD y PRI también votaron en contra. La priista Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, acusó que hubo violaciones al debido proceso en el caso, se faltó a la presunción de inocencia del gobernador “por la publicación de las diligencias de la Sección Instructora; en el desahogo de las pruebas; en el no análisis de los alegatos y los tiempos necesarios para la reflexión”.
“En la fracción parlamentaria del PRI, no nos pronunciaremos respecto a los hechos delictivos y la responsabilidad que se le adjudica a un gobernador... Sin embargo, queremos dejar asentado para el Diario de los Debates, las inconsistencias evidentes que se presentaron en la sustanciación y resolución del procedimiento”, dijo.
Por el PRD, Antonio Ortega señaló que en el tratamiento del caso refleja que “estamos ante una espada de Damocles, que lo mismo puede proteger a los amigos que castigar a los enemigos. Justicia selectiva que no es justicia”.
La Cámara envió la resolución al Congreso de Tamaulipas la cual, de acuerdo a Pablo Gómez, “es inatacable y no está a consideración o votación de los diputados locales”, por lo que tienen solamente que aplicar sus leyes para sustituir al gobernador, nombrar a otro, etcétera”.
Por: Iván E. Saldaña
dhfm