La decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de impugnar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) atiende intereses de las empresas y no la seguridad del país, aseguró el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
“La resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes.
“Este órgano debe actuar con responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados”, dijo.
El funcionario aseguró que cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos estará a cargo del INAI.
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Como lo señaló en la conferencia de prensa del pasado 20 de abril, Mejía Berdeja insistió en que el padrón busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata de personas y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales.
Confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que el Panaut es constitucional, pues beneficiará a las víctimas del delito y la seguridad de la población.
El Pleno del INAI acordó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por el que se crea el padrón.
Según el INAI, la reforma viola derechos fundamentales de los usuarios como el de protección de datos personales y de acceso a la información.
“Se considera que dicha reforma es violatoria del derecho a la protección de datos personales, al tratar datos biométricos sensibles, trasgredir los principios de proporcionalidad, seguridad y certeza jurídica.
“Además, restringe la libertad de acceder a información y otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) facultades en materia de acreditación de identidad que corresponden a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y administrativas, en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y de particulares, que corresponden al Congreso de la Unión”, informó el instituto.
Por Diana Martínez
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