Causando un choque de aliados de la 4T, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Educación Superior concebida bajo el objetivo de dotar a las instituciones de ese nivel con recursos suficientes para garantizar su gratuidad a los estudiantes con el enfoque de cobertura universal, y para refrendar la obligación del Estado de respetar la autonomía de las mismas.
Aunque en el Senado de la República la nueva ley fue aprobada con el aval de todas las fuerzas políticas, en San Lázaro avanzó con el rechazo del PT, bancada que acusó que se está privatizando la educación superior pública, con reproche a su aliado Morena. En lo general, recibió 400 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones.
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Con esta ley, que abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para expedir la Ley General de Educación Superior, se busca terminar con la realidad en México en la que solo el 30 por ciento de la población tiene acceso a las universidades, según argumentó la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Adela Piña.
“Refrenda el carácter público, gratuito y laico de la educación superior; cumple con el principio de universalidad con un enfoque de equidad e inclusión, establece que el sistema nacional de educación superior es el conjunto orgánico y articulado de actores, instituciones y procesos para la prestación de servicio público de educación superior que imparte el Estado, sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados, así como los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines de educación superior”, dijo en tribuna.
El nuevo ordenamiento, derivado de una reforma de 2019 a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, diseña esquemas de financiamiento de la educación superior, obligando a que en el Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año haya un anexo específico para las erogaciones de este sector y un fondo especial de obligatoriedad y gratuidad.
Crea también el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, órgano colegiado para acordar las acciones y estrategias que impulsarán el desarrollo de la educación superior.
La reforma que fue impulsada principalmente por Morena fue arropada por los grupos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC); incluso, la coordinadora perredista Verónica Juárez, dijo que “en definitiva, esta es una buena ley, una ley que tiene consensos entre los grupos parlamentarios del Senado de la República y la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, con asociaciones e instituciones de educación superior, con los distintos actores, tanto públicos, privados, la ANUIES, la FIMPES, entre otras”.
Culpan a Moctezuma
La bancada del Partido del Trabajo votó en contra de la nueva ley, acusando que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se quiere imponer un marco legal que no atiende las necesidades reales de las universidades; presentó decenas de reservas para tratar de cambiar el dictamen en la discusión particular.
Incluso, en nombre de su grupo, el petista Alfredo Femat culpó directamente al exsecretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, hoy embajador de México ante Estados Unidos, de ser el operador principal de privatizar la educación superior en México.
Lamentaron, también, que no se tomó en cuenta la contrapropuesta de Ley General de Educación Superior que presentaron en septiembre del 2020.
“Lamentablemente lo que tenemos ahora es un dictamen que plantea transformar la educación en una industria, en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes. El exsecretario Moctezuma fue un actor relevante en la mercantilización y privatización de la educación, como representantes de los empresarios y grandes transnacionales que ven en la educación tan sólo un negocio, una educación de sálvese quien pueda, una educación ciega a las injusticias y la desigualdad social”, dijo.
El debate se centró entre dimes y diretes que confrontó a aliados. La petista Hildelisa González Morales dijo que “el dictamen no representa los intereses de aquellos jóvenes que aspiran a estudiar en el nivel superior, sino que en ella subyacen contenidos que reflejan el espíritu neoliberal que quieren convertir a la educación en una mercancía, en un gran negocio”.
“Hoy estamos comprometidos con la 4T y hay diferencias ideológicas que hoy se están soslayando porque en la iniciativa no está contenido el espíritu de la 4T y la conformación de profesionistas con un sentido crítico, reflexivo, comprometidos con la patria. Mi voto es razonado, es congruente porque prometí no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, acusó desde su curul.
En respuesta, Adela Piña recordó que al Congreso le costó “muchísimo trabajo llegar a la reforma educativa” y el PT también se opuso, como sucede con la Ley General de Educación Superior.
Les dijo “que descontextualizan las palabras, les encantan hacer afirmaciones a priori; usan palabras para imaginar lo que va a suceder; hay quienes quieren que su ley, no una ley producto de un trabajo colectivo por casi ocho meses, y de parlamento abierto, y de haber dialogado con las distintas organizaciones de educación superior, con jóvenes, con catedráticos, quisieran que su ley fuera aprobada y no esta”.
“Quiero dejar muy claro y afirmó categóricamente porque lo único que tengo es mi dignidad, y no robo, no miento y nunca voy a traicionar al pueblo de México. Y lo afirmo categóricamente, ningún interés oscuro, la educación es un derecho y quiero dejar claro que cuando se habla de educación privada es para reglamentarla porque no había ninguna reglamentación, porque hacían lo que querían para que todas esas escuelas patito desaparezcan”, concluyó.
Por: Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés