La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaría de Gobierno, presentó al Congreso de la Ciudad de México un par de iniciativas con proyecto de decreto para expedir las leyes de Salud y de Educación.
Ambas propuestas se armonizan con la Constitución local y federal, integran leyes, reglamentos, programas sociales antes dispersos y afirman el derecho a la salud y a la educación.
La primera, que aborda la materia de salud, integra en un solo cuerpo normativo el derecho a la interrupción legal del embarazo, a la atención médica a personas mayores, a la voluntad anticipada y cuidados paliativos; la de Educación, el derecho a uniformes y a útiles escolares gratuitos, a la beca a quienes cursan la educación media superior en planteles públicos, entre otros.
La Ley de Salud es reglamentaria del artículo 9, punto D de la Constitución Política de la Ciudad de México y es concordante con lo establecido en la Ley General de Salud.
Su horizonte es garantizar el derecho a la salud bajo criterios de universalidad e igualdad, el acceso gratuito, oportuno y de calidad a los servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios, incluidas intervenciones quirúrgicas.
Destacan, entre otros aspectos, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para las personas sin seguridad social; el desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina tradicional indígena; el uso médico y terapéutico de la marihuana y sus derivados; garantizar la prevención y atención de las personas con VIH/SIDA; la precedencia de la interrupción del embarazo en forma gratuita.
Además, toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá donarlos; el derecho a expresar la decisión de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida; el control sanitario en rubros como construcciones, bares, mercados públicos, clínicas de belleza, Central de Abasto, crematorios, espectáculos.
En el caso de la propuesta de Ley de Educación, es reglamentaria del Artículo 3 de la Constitución federal; armoniza con las reformas educativas nacionales -de mayo de 2019- en sus artículos 3, 31 y 73, y con el Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México, así como con la Ley General de Educación y Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros.
Esta propuesta de Ley garantiza el derecho a la población indígena a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español; incluye la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la lengua de señas mexicana; permite la continuidad de estudios en el caso de embarazo y durante el periodo de lactancia; prevé el acompañamiento en casos de violencia, hostigamiento y acoso escolar.
También incluye a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) como servicios de educación extraescolar; reconoce la autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad y contempla a las instituciones de enseñanza superior de reciente creación: el “Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos” y la “Universidad de la Salud”.
La iniciativa plantea la obligación de a las escuelas públicas y privadas a contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con las normas de Gestión Integral de Riesgos y Protección
El proyecto de ley, integrado por 15 capítulos constantes de 133 artículos y 11 transitorios, fue el resultado de un trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno de la Ciudad y diputadas de la Comisión de Educación del Congreso local.
Para ambos casos, se plantea abrogar las leyes de Salud del Distrito Federal y de Educación del Distrito Federal y expedir las leyes de Salud y de Educación, ambas de la Ciudad de México.
Por: Carlos Navarro
dhfm