La “Ley Ingrid” surge a partir de la difusión indebida de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero de 2020 en la ciudad de México. Las fotografías del caso fueron publicadas en redes sociales y medios de comunicación. Este hecho indignó a la sociedad y motivó a una exigencia para que detuvieran las filtraciones del expediente de la Fiscalía.
La ley consta de reformas en el Código Penal de Oaxaca que plantean erradicar la exposición pública o mediática de fotografías o videos explícitos de víctimas de algún delito. Aquellas personas que compartan o intercambien estos contenidos podrán ser acreedores de dos a siete años de prisión y de 30 a 50 días de multa.
La prohibición involucra fotos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ+
Los objetivos principales son: Tipificar las conductas que realicen las personas o servidores públicos que, de manera indebida, revelen información de la carpeta de investigación; fortalecer la protección de los derechos de las víctimas, y combatir la violencia de género mediática.
Cabe aclarar que no se trata de una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios, para proteger la identidad y dignidad de las víctimas y sus familiares.
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La divulgación de información de las víctimas de algún delito constituye una lesión a su dignidad
Al sancionar estas filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas, evitar que sean revictimizadas, erradicar la normalización de la violencia y sancionar a los servidores públicos.
Luego de las protestas por la filtración de imágenes de Ingrid Escamilla, la fiscal Ernestina Godoy presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México. La reforma en Oaxaca fue propuesta por las legisladoras Hilda Graciela Pérez Luis y Laura Estrada Mauro. El miércoles 17 de febrero fue aprobada por el Congreso del estado.
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