A más de ocho meses de la entrada en vigor la Ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en Quintana Roo, el Gobierno del estado dio por terminada la prórroga concedida a causa de la pandemia y comenzará los recorridos de supervisión en más de mil 500 establecimientos.
Miguel Ángel Nadal Novelo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (PPA), explicó que en los primeros recorridos se hará un apercibimiento a los comercios para que dejen de utilizar y comercializar plásticos desechables.
De no acatar la disposición, se harán válidas las sanciones previstas en la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, que contemplan multas de hasta 40 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de 3.4 millones.
Esta disposición prohíbe el uso, comercialización y distribución de popotes de plástico, envases para bebidas, platos, vasos, tazas, copas, charolas y cubiertos desechables; así como las bolsas de plástico desechables, para traslado de mercancías de mercados, tiendas de servicio, farmacias, restaurantes, etc.
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La disposición aprobada desde junio de 2019, concedió un periodo de gracia de un año para que los supermercados, restaurantes, hoteles y otros comercios transitaran al uso de materiales más amigables con el planeta.
Este plazo venció en junio pasado, pero la necesidad de utilizar envases de plástico para evitar la propagación del coronavirus obligaron a la autoridad a seguir permitiendo el uso de desechables, con la condición de que fueran “biodegradables”, por recomendación de la Secretaría de Salud (SESA).
Sin embargo, a partir de este mes se implementarán las acciones necesarias para hacer valer la nueva legislación, informó Efrain Villanueva, secretario de Ecología y Medio Ambiente.
La Ley para la Prevención Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos restringe también el uso de plásticos biodegradables, por lo que estos no podrán ser una alternativa.
Además de las multas económicas, se prevén sanciones administrativas que, dependiendo de la gravedad en que se incurra, pueden derivar en la la revocación de las autorizaciones de forma definitiva o temporal.
Por Alex Castro
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