El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se extralimitó en sus funciones, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Esto por la disputa de alrededor de 7.7 millones de pesos que sostienen el Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; los recursos ya le fueron entregados al órgano autónomo.
“Es verdad que el Artículo 99 de la Constitución establece que es inapelable las resoluciones del Tribunal Federal Electoral; sin embargo, en este caso particular consideramos que se extralimitó en sus funciones y por eso este recurso que se está entregando el día de hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo la mandataria capitalina en videoconferencia de prensa.
El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, detalló la situación del caso.
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El 2 de diciembre de 2020, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentando que el Gobierno de la Ciudad no les había entregado cuatro ministraciones, correspondiente a cuatro meses.
El TEPJF resolvió el 17 de diciembre del 2020, en el que le dio la razón, y ordenó al Gobierno de la Ciudad a entregar esas ministraciones.
El Gobierno local, inconforme por esta situación, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentando una controversia constitucional el día 31 de diciembre del 2020.
Pero el 8 de febrero pasado, el ministro ponente, Franco González, desechó por notoria y manifiesta improcedencia ese recurso que presentaron desde la CDMX, que fue la controversia constitucional.
“Ante esa situación hemos decidido acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que alguna de sus salas resuelva un recurso de reclamación. Este recurso de reclamación está fundado en los siguientes argumentos:
“Nosotros consideramos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para resolver sobre temas de carácter presupuestal. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las facultades o las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral tienen que ver con la materia electoral y, en todo caso, con algunas cuestiones de carácter laboral de los trabajadores de los órganos electorales, pero no en materia presupuestal”, afirmó el Consejero.
Vargas señaló que consideran que el presupuesto lo deciden cada una de las entidades federativas, particularmente le corresponde a los congresos locales.
“Consideramos que el Tribunal Electoral asume facultades que le corresponden al Poder Legislativo de la Ciudad de México para aprobar el presupuesto; y no solamente para aprobar el presupuesto, sino también para aprobar los ajustes presupuestales, particularmente a la luz de la emergencia sanitaria que tuvimos respecto de estos ajustes presupuestales, en virtud de que se destinaron muchos de ellos, de los recursos, a los temas de salud y para atender la emergencia sanitaria”, dijo.
Agregó que están presentando en la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México una acción de cumplimiento, porque creen que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha incumplido algunas obligaciones constitucionales
“Como por ejemplo, el hecho de que al haber una Sala Constitucional en la Ciudad de México, tenía que haber acudido ante esta Sala Constitucional y no en materia de juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
“Es decir, a diferencia de otras entidades federativas en donde no hay una Sala Constitucional, no hay medios de control constitucional locales –como sí los hay en la ciudad–, el Tribunal Electoral debió haber acudido a manera de controversia constitucional ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, cosa que no hizo”, sostuvo.
Néstor Vargas recalcó que la propia Constitución establece que los órganos autónomos se deben de sujetar al presupuesto autorizado por el Congreso y también se debe de sujetar a las adecuaciones que realiza el propio Congreso a la luz de las necesidades presupuestales que existen, situación que no realizó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Por: Carlos Navarro
mfa