La impunidad de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México es superior al 90 por ciento, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Durante su participación en el Encuentro Internacional de Mecanismos para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el funcionario federal hizo un llamado a las autoridades de procuración e impartición de justicia a combatir la impunidad desde su ámbito de actuación.
“Lamentablemente el porcentaje de impunidad en nuestro país y la comisión de delitos contra defensoras y defensores y contra periodistas rebasa el 90% (...) y vemos como la impunidad de los homicidios cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, 96 en estos tres años de gobierno, le hemos asumido con toda claridad, alcanza el 98 por ciento; y en el caso de los homicidios a periodistas anda en el 94 por ciento, necesitamos que las instancias de procuración y de impartición de justicia hagan su trabajo y enfrentemos este fenómeno de impunidad”, afirmó.
Alejandro Encinas señaló que casi el 50 por ciento de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas son responsabilidad de autoridades locales.
“El 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos proviene particularmente de autoridades del orden municipal y del orden local, y si se juntan está falta de controles, de supervisión del trabajo de las fuerzas de seguridad en el ámbito local, junto con la impunidad que prevalece en la sanción y castigos, difícilmente se va a poder remontar esta situación”, indicó.
Ante representantes internacionales, Encinas expuso que a casi 10 años de la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, este ha resultado insuficiente para garantizar la seguridad de los beneficiarios, por lo que se pronunció por un replanteamiento del mismo.
“El mecanismo ha resultado ser insuficiente para enfrentar y revertir este fenómeno, ha salvado vidas efectivamente y la población beneficiaria del mecanismo (...) lamentablemente este mecanismo ya se convirtió en un instrumento reactivo frente a la agresión, no ha podido consolidar un proyecto horizontal, transversal, que haga que el conjunto de las instituciones del Estado mexicano se vuelque a garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en nuestro país”, explicó.
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