Hace 10 años, habitantes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se organizaron ante la urgencia de defender y conservar los humedales de montaña que abastecen de agua a la población y de los cuales, 90 por ciento se perdió por la omisión de autoridades ambientales a nivel estatal y federal.
Ubicados en la zona urbana, su extensión fue reducida y ahora, sólo 10 por ciento de los humedales es funcional, de acuerdo con el estudio Conservando volcanes de agua.
Manejo integral de la cuenca del Valle de Jovel, de Pronatura Sur, realizado desde 2011 para alertar sobre el deterioro debido a la urbanización, contaminación, minería y actividades agropecuarias en la zona.
En la actualidad, sólo cuatro humedales se mantienen, entre ellos La Kisst y Lagos de María Eugenia, que abastecen de agua a 70 por ciento de la ciudad turística.
En 2008 estos dos humedales fueron considerados Áreas Verdes de Conservación, decretadas por el gobierno del estado; y en 2011 se convirtieron en sitios Ramsar (ecosistemas de agua dulce o salada de importancia internacional), pero no expropiaron las tierras y siguen en manos de particulares.
Para Martín López López, integrante del Consejo Ciudadano en Defensa del Territorio y del Agua, el problema mayor es el crecimiento desorganizado de la ciudad y la venta de terrenos dentro de las áreas naturales protegidas; que desde sexenios atrás se permitió.
“Hemos exigido la historia traslativa de algunos terrenos, pero hay familias de políticos que no quieren que se sepa”, ya que puede destapar una cloaca de corrupción de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, del ayuntamiento de San Cristóbal y el propio gobierno del estado.
“Conservar este espacio es vital. Estamos ante una situación muy grave”, urgió Enrique Ávila Romero, académico e investigador de la UNICH, quien mencionó la existencia de una lista hermética de propietarios, donde 19 son políticos.
Pero en el deterioro también participan organizaciones sociales invasoras, “protegidas por el PVEM”; incluso algunos propietarios se valen de los llamados motonetos para amedrentar a los defensores que, desde inicios de su lucha, les fueron otorgadas medidas cautelares.
Alma Rosa Rojas, coordinadora del Colectivo para la Paz y los Derechos Humanos AC, recordó que los dueños de estos terrenos se ampararon y los jueces los favorecieron; como consecuencia ahora rellenan, construyen o venden sin sujetarse a los decretos ambientales, como la prohibición de cambio de uso de suelo.
En la actualidad, la ciudad reciente los efectos negativos con la escasez de agua, inundaciones y el problema ambiental, por lo que interpusieron más de 60 denuncias, solicitudes y quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; a nivel federal a la Procuraduría Ambiental, Semarnat, la Conagua y la Conanp, respectivamente, pero no obtuvieron respuesta, ni información.
En tanto, acusaron de negligentes a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, al pasar por alto el rechazo de sus recomendaciones, como la 07/2021 de la CEDH, que no fue aceptada por Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y por la ex alcaldesa de San Cristóbal, Jerónima Toledo.
Coincidieron en que se debe detener, sancionar, restaurar y legislar, de lo contrario el daño será irreversible. “Sale más barato conservar que traer el agua de otro lado”.
Ante la falta de respuesta en México recurrieron al Convenio Ramsar y la respuesta fue positiva, pero, argumentaron que no pueden realizar la visita por algunos incumplimientos del gobierno de México.
Los ciudadanos esperan que la situación no empeore, de lo contrario aves residentes y migratorias como la cerceta ala azul (Anas discors) perderían refugio.
CAR