BAJA CALIFORNIA

Jaime Bonilla asegura que hasta el último día de su gobierno seguirá tomando decisiones

El gobernador de Baja California acusa al equipo de transición de proteger a la anterior administración panista

NACIONAL

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El gobernador Jaime Bonilla concluye su mandato el 1 de noviembre. Foto: EspecialCréditos: Foto: Especial

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, afirmó que hasta el último día de su mandato seguirá tomando decisiones y aseguró  que las acciones de su Administración de dos años han sido velando por los derechos humanos de los bajacalifornianos.

Durante su transmisión matutina, el senador con licencia respondió de esta forma a la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien, a través de un oficio, le pidió que las decisiones las tomará el próximo gobierno que entra en funciones el 1 de noviembre.

Mediante Catalino Zavala Márquez, futuro secretario de Gobierno, Ávila Olmeda pidió al gobierno actual pagar los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que la Zona Costa no se quede sin agua y, además, solicitó no contratar una tercera empresa para este propósito, porque se incurrirían en responsabilidad y un daño patrimonial al estado.

“Ese ese asunto (con la CFE) ya quedo resuelto, logramos un acuerdo con la Comisión; se me hace raro (las declaraciones del equipo de transición) , nunca declararon sobre el robo de mil 700 millones de Kiko Vega (ex gobernador del PAN), a la UABC, ha habido una velada protección a la Administración panista y pronto lo veremos”, advirtió.

Bonilla Valdez aseguró que “he sido gobernador electo durante dos años, mi administración termina el 31 de octubre, hasta ese día seguiré tomando decisiones, hasta el último día de mi gestión, porque una cosa es la transición y otra que el gobierno deje de funcionar”. 

Sobre el comunicado oficial de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal donde se señala que el Decreto emitido por el gobernador Jaime Bonilla para hacer un registro de pescadores de San Felipe y Ensenada y entregarles su anuencia para pesca ribereña es violatorio a la Constitución, el mandatario estatal aseguró que sabia que se le vendrían encima las autoridades federales por esta situación.

Sin embargo, expresó que lo hizo velando por los derechos humanos y el derecho a trabajar de los pescadores, ya que dijo no tienen permisos para esta actividad y solamente se beneficia siempre a las grandes empresas.

El gobernador del estado manifestó que “hará lo que tenga que hacer por el pueblo” aunque sus decretos sean desconocidos o considerados violatorios a la ley.