La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a ocho de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señalados por delincuencia organizada y lavado de dinero.
A partir de este martes, los académicos deben acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt está citado este martes a las 13:00 horas en la FEMDO, mientras que Julia Tagüeña Parga y Patricia Zúñiga Cendejas, excoordinadora y fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) respectivamente, tienen que presentarse este miércoles y jueves.
Es la primera vez que los científicos comparecen, a pesar de que algunos lo habían solicitado, así como tener acceso a la carpeta de investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado 24 de agosto a un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, orden de aprehensión contra 31 científicos por los delitos de delincuencia organizada, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En esa solicitud de los mandamientos judiciales, la FGR señaló que los académicos deben estar en una cárcel de máxima seguridad porque, por su capacidad económica, pueden cometer actos de corrupción en prisiones de mediana y baja seguridad.
“En primer lugar debe señalarse el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o, incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”, indicó la FGR al solicitar las órdenes de aprehensión el 24 de agosto.
El juez Gregorio Salazar devolvió el expediente a la Fiscalía por considerar que los jueces del Estado de México no son competentes porque los hechos presuntamente ocurrieron en la Ciudad de México.
La Fiscalía pidió nuevamente los mandamientos judiciales el 20 de septiembre, pero el juez los negó porque no se configuran los delitos señalados por el Ministerio Público federal.