Por el aumento de contagios por COVID-19 de sus servidores públicos, durante ocho días, tres oficinas de la Secretaría de Salud no recibirán notificaciones judiciales, pero hay jueces que rechazaron la medida de la dependencia federal.
El lunes pasado, la secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que indica que del 11 al 18 de octubre en las Oficialías de Partes de las Oficinas Directas del Secretario, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de la Oficina del Abogado General no se recibirán promociones, juicios de amparo, demandas, requerimientos judiciales, emplazamientos o cualquier otra notificación de juzgadores.
La medida se da en un contexto de suspensiones otorgadas por jueces que ordenan aplicar la vacuna contra el COVID-19 a menores de edad o dar tratamiento a pacientes con cáncer.
Guillermo Rivera, director del colectivo de abogados Justicia COVID, que ha promovido juicios de amparo en la materia, señaló a El Heraldo de México que el acuerdo puede ser una estrategia de la Secretaría ante el incremento de demandas presentadas.
“Desconocemos qué huecos existan al interior de la Secretaría o el cuello de botella porque cada día hay más amparos, es impresionante que la gente cada vez más está conociendo sus derechos…
“Seguramente (la Secretaría) tiene un cuello de botella y posiblemente eso fue para que les diera algún tipo de respiro o alguna estrategia que están buscando hacer, pero eso los justifica para no incurrir en responsabilidad, pero eso no implica que un juez les diga que no aplica ese acuerdo y que al final de cuentas los obliguen y que puedan llegar a incurrir en responsabilidad por no acatar las órdenes de los jueces”, señaló.
Aseguró que las notificaciones pueden hacerse vía electrónica, pero también depende de que los jueces hagan cumplir sus resoluciones, pues sería lamentable que alguna persona pierda la vida porque no se atendió la orden judicial.
En su cuenta de Twitter, el juez federal de Piedras Negras, Coahuila, Juan Marcos Dávila, señaló que el acuerdo de la dependencia federal es contrario a preceptos legales, por lo que, si se niega a recibir los oficios en los que se informe la decisión judicial, la notificación se tendrá por realizada para los efectos legales procedentes.
“Conforme lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de dicha Constitución, tiene mayor jerarquía normativa que el referido acuerdo administrativo publicado por el Secretario de Salud”, indica el documento.
Rivera señaló que algunos jueces de amparo no aplicaron el acuerdo y se exige la notificación porque la Ley de Amparo prevé algunas hipótesis de cómo se puede notificar a las autoridades responsables.
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