Colectivos y defensores de derechos humanos buscarán durante este año la libertad de un aproximado de 12 mil reos en el Estado de México mediante la Ley de Amnistía, que entró en vigor desde el 6 de enero, cuando fue promulgada por el Ejecutivo estatal.
Del anterior universo, cinco mil internos obtendrán la amnistía directa, es decir, serán beneficiarios por estar en reclusión por delitos menores, como robo simple.
Otros siete mil pueden tener el perdón de manera complementaria por ser procesados por delitos de alto impacto y que se presume fueron fabricados, por lo que deberán intervenir organismos defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales.
El coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, afirmó que las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) darán un seguimiento puntual a la implementación de la Ley de Amnistía en el estado, y lucharán para que no sea obsoleta, como la nacional, con la que no se ha liberado a nadie.
“Es un antecedente de preocupación porque no podemos permitir que la Ley de Amnistía se convierta en obsoleta”, declaró.
Dijo que la Ley de Amnistía durará este año, se deberá instalar una Comisión legislativa y que el Poder Judicial debe implementar el mecanismo en un máximo de dos meses.
En ese sentido, trabajarán para que, de un universo de 14 mil presos, siete mil alcancen el perdón complementario, y que deberá existir mayor involucramiento de organismos públicos e instancias internacionales.
Y es que estos deben hacer observaciones de cada caso por ser delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro, pero en el que se presume hubo fabricación de delitos y tortura.
Por Gerardo García