Por construir un edificio de 29 niveles ilegales, dentro de La Presa Anzaldo, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Banca Mifel S.A deberá pagar un total de 91.4 millones de pesos.
De ese total, 30 millones son por la demolición del inmueble (11 pisos bajo nivel de banqueta y 18 más sobre ella) y que ya llevaban un 75 por ciento de avance.
El resto del dinero, 61 millones 441 mil pesos, corresponde a la multa por violar diversas leyes y normas.
Todo el fallido complejo de oficinas corporativas, propiedad del banco y representado por ASJUFI Consultores Inmobiliarios, representaba una inversión privada superior a los 402 millones de pesos.
Los datos se desprenden de un informe presentado este lunes por las autoridades capitalinas.
De hecho, fue la misma Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien salió a decir que el inmueble se construía sin permisos, sobre un vaso regulador, a espaldas de la ciudadanía y con el beneplácito de la anterior administración.
Y por esa razón, el viernes inició su demolición luego de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México falló a favor de la demanda interpuesta por la autoridad.
Desde ese día, Sheinbaum ya le había marcado un nuevo alto de "cero tolerancia" a ese tipo de desarrollos, que algunos conocen como parte del "Cartel Inmobiliario".
Expuso que todos los proyectos de inversión privada en la Ciudad deben estar dentro de la ley y cumplir con las normas establecidas.
“Como hemos dicho en otras ocasiones, como lo dice el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador): ‘al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie’”, puntualizó.
Sheinbaum explicó que la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que no cumplían con las normas acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para ajustar sus proyectos.
Sin embargo, dijo, en el caso de Presa Anzaldo no ocurrió así y continuaron con las obras de construcción.
Ahora, precisó, la demolición correrá a cargo de la empresa.
“… va a contra distintos ex servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su momento… el ex secretario (Felipe de Jesús Gutiérrez) tiene una orden de aprehensión que está en proceso y de igual manera, frente a este caso, pues están siendo levantadas otras denuncias penales y también juicios de lesividad.
“Estamos hablando por lo menos de funcionarios o servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Alcaldía Álvaro Obregón”, dijo sin precisar cargos o nombres.
Aclaró que si los empresarios no pagan la multa y demolición de lo que hicieron en la Presa Anzaldo se les cobrará mediante una figura que se llama “crédito fiscal”, vía la Secretaria de Administración y Finanzas.
La secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, señaló que el desarrollador incumplió diversos aspectos para levantar el proyecto, ubicado en Periférico 3042.
Las condiciones de incumplimiento que llevaron a la demolición son las siguientes: no demostró uso de suelo; no tenía Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental y había irregularidades en la manifestación de construcción; además de que contaba con negativa en materia ambiental.
Pero sobre todo, expuso, invadió la zona federal, el cuerpo de agua de La Presa.
Robles calculó que el proceso de demolición será de 60 días y en el lugar se encuentran trabajando 80 personas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con el apoyo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
La demolición de la obra se realiza como parte del dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019, que constaba de un edificio de oficinas con 11 niveles bajo nivel de banqueta y 18 niveles sobre nivel de banqueta.
La directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), Andrée Lilian Guigue, refirió que el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación ante el TJACDMX y obtuvo, de manera provisional, la suspensión del acto, a fin de continuar con la construcción.
La procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy, explicó que se iniciaron diversos juicios relacionados con el proyecto inmobiliario en Presa Anzaldo.
Para Boy se trata del símbolo a la corrupción y la impunidad inmobiliaria en la Ciudad.
Entre ellos, precisó, está un juicio de lesividad, mediante el cual se determinó la suspensión y parar la construcción.
“También presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía en contra del DRO (Director Responsable de Obra) y quienes resulten responsables. Esta denuncia penal sigue su curso”, precisó.
A partir de esta acción pública interpuesta por la PAOT, se concede la suspensión y la custodia de folios, y finalmente la Alcaldía Álvaro Obregón deja sin efectos el registro de manifestación y por lo tanto se sobresee esta acción pública.
Por: Manuel Durán