El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé a conocer sobre los bienes decomisados y asegurados que fueron incautados a la delincuencia organizada desde enero de 2006 a febrero de 2020.
De acuerdo con la petición, la dependencia debe dar a conocer el nombre de las personas físicas y morales a las que se les incautó algún bien y además el grupo del crimen al que pertenecían, así como los valores de todo lo que fue decomisado.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que, en el país, el debilitamiento de la estructura financiera de las agrupaciones de la delincuencia organizada ha sido una de las estrategias emprendidas por el Estado mexicano para combatir estos grupos, por lo que transparentar la información solicitada permitirá evaluar las acciones de las autoridades en esta vertiente y los resultados obtenidos.
En el informe, la funcionaria aseguró que la FGR le quitó a presuntos criminales al menos tres mil 563 bienes y que entre 2012 y 2018 se aseguraron más de mil millones de pesos.
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“A pesar de que la sociedad puede conocer información respecto de los avances de las estrategias que buscan debilitar la estructura financiera de las agrupaciones del crimen organizado, también es necesario transparentar la información solicitada, puesto que tales datos permitirán tener certeza de en qué medida nuestras autoridades han dirigido esfuerzos y evaluar cuáles han sido los resultados”, apuntó.
Pide respuesta a la ciudadanía
El INAI decidió resolver de esta manera, debido a que una solicitud ciudadana sobre estos datos fue negada por la FGR al mencionar que se no se tenían estos datos de manera desglosada, sino en un conglomerado.
Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, por considerar que la información proporcionada está incompleta, pues no contiene el nombre de las personas físicas o morales a quienes se les decomisaron los bienes; el grupo del crimen organizado al que se vinculan, así como el avalúo y valor del bien.
En el análisis del caso, resuelto en la ponencia de la comisionada Ibarra Cadena, se advirtió que la FGR cuenta con unidades administrativas competentes que no fueron consultadas para atender la solicitud, como la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y sus Delegaciones de Entidades Federativas, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Se corroboró que esas áreas pueden conocer la información requerida, ya que se encargan de conducir y evaluar las acciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación; establecer los sistemas de registro y control estadístico de seguimiento de las averiguaciones previas, y supervisar las actividades relacionados con el control provisional de los bienes asegurados.
Asimismo, se identificó un recurso de revisión del año pasado, en el que la Fiscalía proporcionó información sobre bienes incautados al líder del cártel de Sinaloa, por tanto, se concluyó que las unidades administrativas referidas pueden contar con datos específicos sobre los bienes asegurados.