De 2016 a 2019, México no ha sancionado ningún caso por cohecho internacional, pero sí lo hizo Estados Unidos.
En el informe “Exportando Corrupción 2020”, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana se indica que, según información de la Fiscalía General de la República, se iniciaron tres investigaciones en ese periodo, que no se han presentado ante el Poder Judicial, por lo que no hay sanciones ni se ha recuperado el dinero producto del acto ilícito.
Los datos contrastan con los de autoridades del mundo, ya que entre 2016 y 2019, instituciones estadounidenses reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero.
“Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos, pero no se investigaron o sancionaron en México. Derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recuperaron más de mil millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otros países”, indicó Transparencia Mexicana.
Revisaron la actuación de 47 países
Este informe analiza las investigaciones y sanciones de los gobiernos de 47 países en casos de cohecho transnacional como el de Odebrecht.
De 2016 a 2019, estos países abrieron 421 investigaciones y 93 casos, y concluyeron en 244 sanciones, de las cuales 125 fueron sanciones sustantivas.
“Solo cuatro de los 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho internacional y nueve países aplican con poca eficacia las leyes contra las empresas que pagan sobornos al participar de operaciones comerciales o de inversión en el extranjero.
“Casi tres cuartas partes de los países (34 de los 47 países analizados) actúan poco o nada en casos de cohecho internacional; México es uno de ellos”, indicó Transparencia Mexicana.
El informe indica que la corrupción en negocios internacionales fue evidenciada con el caso Odebrecht y otras operaciones globales que involucran lavado de dinero y contratos multimillonarios en materia de energía, obra pública y salud, entre otros sectores.
Por: Diana Martínez