El programa de “Departamento de Eficiencia del Gobierno” (Doge) de Elon Musk fue demandado pocos minutos después de que Donald Trump asumiera el cargo, debido a que se cuestiona su legalidad y que presuntamente viola normas federales de transparencia sobre divulgación, contratación y otras prácticas.
Así fue informado en Estados Unidos por el diario The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, millonario tecnológico que estuvo presente este lunes en la investidura de Trump.
El bufete de abogados National Security Counselors dice en la demanda que el panel de eficiencia de Musk cumple con los requisitos para ser considerado un "comité asesor federal", una entidad legal regulada para garantizar que el gobierno reciba asesoramiento transparente y equilibrado.
Sin embargo, acusan que no tiene una representación "bastante equilibrada", no mantiene registros de sus reuniones y no está abierto al escrutinio público, como debería ser para cumplir la ley.
“Todas las reuniones del Doge, incluidas las realizadas a través de un medio electrónico, deben estar abiertas al público”, afirma la demanda, que señala que los empleados se comunican a través de aplicaciones de mensajería.
Empleados trabajan en oficinas de SpaceX
Doge ya ha contratado a empleados, quienes trabajan desde las oficinas de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, que se encuentran en Washington DC.
Se espera que el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy, quien junto con Musk estaba designado para liderar el grupo, finalmente no asumirá esa posición y en cambio buscaría la gubernatura de Ohio.
Se desconocen las funciones específicas del programa
Hasta el momento se desconocen las acciones específicas que realizará el proyecto de eficiencia de Musk y, según medios estadounidenses, este hermetismo se debe a que se busca evitar esfuerzos legales por descarrilarlo.
Trump ha dicho que el programa impulsará un “cambio drástico”, aunque como comité asesor no tiene poder para efectuar recortes gubernamentales por derecho propio, sino que sólo realizarán sugerencias.
Según The New York Times, los ejecutivos de Doge no reciben sueldo y se espera que trabajen en el proyecto únicamente durante seis meses, en los que serán clasificados como "empleados especiales del gobierno".
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