Recientemente el municipio chino de Chongqing, ha presentado un proyecto para la construcción de una ciudad inteligente o futurista, la cual sería administrada por inteligencia artificial en su totalidad; esto de acuerdo con información emitida por Reuters.
Dicho proyecto pretende que robots inteligentes se encarguen de atender a los residentes con actividades tales como entregar cafés, y que también las sillas de una junta o reunión se reorganicen solas al término de ésta.
La construcción de la urbe futurista es denominada “Cloud Valley”, está bajo el cargo de la arquitectura danesa BIG y la empresa tecnológica china Terminus.
La Cloud Valley podrá recopilar datos de hábitos alimenticios de los habitantes
La “Cloud Valley” contempla el uso de sensores y dispositivos conectados a Wi-fi para así recopilar datos básicos respecto al clima, la contaminación y hasta hábitos alimenticios de las personas, pues el proyecto tiene como finalidad, satisfacer las necesidades de los residentes.
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El proyecto de inteligencia artificial sería aproximadamente de 1.2 millones de metros cuadrados, con 110 campos de futbol, para que cada habitante pueda vivir con una amplia comodidad al anticipar sus necesidades; también incluye edificios de oficinas, apartamentos, espacios públicos y coches autónomos controlados por la misma inteligencia artificial.
De acuerdo con información emitida por Reuters, la ciudad artificial estaría completada dentro de 3 años aproximadamente; en China se están construyendo más de 500 ciudades inteligentes, sin embargo, dichas construcciones han desatado preocupaciones sobre la privacidad.
Puede detonar problemas de privacidad y vigilancia
La investigadora del grupo de defensa británico Privacity International, Eva Blum-Dumontet, sostiene que las ciudades inteligentes corren el riesgo de convertirse en una amenaza para los derechos humanos al momento de que las empresas y gobiernos no tomen las medidas adecuadas para limitar la vigilancia.
"Este riesgo es aún mayor cuando no existe un marco legal que limite el acceso que los gobiernos pueden tener a los datos recopilados por empresas privadas", señaló Blum-Dumontet.