Las compañías que prestaban servicios a la planta de cemento Cruz Azul que fue tomada ilegalmente en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, emitieron cartas dirigidas al gobernador Julio Menchaca solicitando que se ponga fin al secuestro de la unidad industrial.
Esto para recuperar sus centros de trabajo, como ha ocurrido en Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y otros estados donde la cooperativa desarrolla sus actividades.
Entre las empresas se encuentran cooperativas, asociaciones civiles y sociedades anónimas del sector hospitalario, educativo, comercial, mantenimiento industrial, construcción, explotación de materias primas, entre otras que dependían de la unidad secuestrada desde hace tres años.
Cabe recordar que en días recientes Cooperativa La Cruz Azul emitió un comunicado para informar que se suspenderá el pago de salarios a trabajadores de estas firmas, el cual se mantuvo de manera ininterrumpida pese a la improductividad de la planta cementera, generando así un grave riesgo financiero para la sociedad.
Según estimaciones, cuando la Cooperativa suspenda el pago de salarios a partir de 1 de febrero, dejarán de circular alrededor de 100 millones de pesos mensuales en el municipio de Tula de Allende.
Esto perjudicaría a más de dos mil 800 trabajadores hidalguenses que no han podido laborar porque sus instalaciones fueron tomadas, de manera ilegal, por un pequeño grupo de trabajadores afines al exdirectivo Guillermo Héctor “N”, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República el pasado 16 de enero para iniciar su proceso penal en Centro Federal de Readaptación Social no. 1, en Almoloya de Juárez.
PAL
