El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió no aplicar una multa de mil 300 millones de pesos en contra de Teléfonos de México (Telmex) por haber incumplido una de sus obligaciones como agente preponderante en México.
El IFT informó -en un comunicado- que en su décima sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2022, el Pleno acordó que “con base en las pruebas y defensas aportadas en el expediente, no es posible entrar al análisis del fondo de la conducta finalmente imputada, ni concluir sobre el incumplimiento y, en consecuencia, la imposición de una sanción”.
Como se recordará, Telmex, subsidiaria de América Móvil, fue señalada por varias empresas de telecomunicaciones en 2017 por incumplir con su obligación de divulgar información acerca de su infraestructura de postes y pozos en el Sistema Electrónico de Gestión, por ello, se le aplicó una sanción de mil 300 millones de pesos, cifra que para muchos analistas debió ser de 20 mil millones de pesos.
Al respecto especialistas de las telecomunicaciones advirtieron que parecía “raro” que el IFT no aplicará la multa a Telmex, ya que esta se había dictado desde el año 2020. Y que tras el litigio ahora decidiera no aplicarla.
Sin embargo, el IFT reveló que “el procedimiento administrativo instaurado en contra de Teléfonos de México, bajo el número de expediente E-IFT.UC.DG-SAN.I.0041/2018 y su acumulado E-IFT.UC.DG-SAN.I.0075/2019, del cual la empresa había sido debidamente notificada, no se podía imponer la sanción.
Reveló que “tras un exhaustivo estudio del expediente” y tras un análisis de las evidencias, imputaciones, pruebas y defensas que se aportan en el procedimiento y que forman parte del expediente respectivo, el resultado era diferente al obtenido en 2020.
“Lo resuelto en este procedimiento es significativamente diferente del analizado y votado en enero de 2020 en el que se le impuso una multa a Telnor, filial de Telmex”, detalló el Instituto.
En su comunicado, el IFT aseguró que la resolución del Pleno “está técnica y jurídicamente fundamentada, en cumplimiento al marco legal y conforme a las facultades conferidas a este órgano regulador, respetando las garantías de cualquier ente regulado”.
Y rechazó las dudas sobre su supuesta parcialidad, pues indicó que “todos los casos que corresponde resolver al máximo órgano de gobierno del Instituto, éste se condujo en estricto apego al estado de Derecho”.
Remató diciendo que “la transparencia en sus actos y resoluciones ha caracterizado la labor de este órgano autónomo, los cuales están a disposición de cualquier interesado para su consulta en el portal de internet del Instituto, una vez que se cuenta con las versiones públicas, conforme a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública”.
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