Hace un año, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe sobre el destino final de los bienes asegurados en "La Mañanera". Detalló que, en ese año, la SEDENA puso a disposición de la Fiscalía General de la República la cantidad de 53 millones 914 mil pesos y 17 millones 238 mil dólares y la SEMAR 10 millones 628 mil pesos, así como 345 mil dólares, un inmueble, 123 muebles y dos semovientes.
¿Qué pasa con los bienes que le son incautados al crimen organizado?
A pesar de que escuchamos constantemente cifras astronómicas y noticias respecto al congelamiento de cuentas a líderes criminales, en realidad, aún persisten la opacidad y malas prácticas para hacer cumplir la ley y combatir los delitos fiscales.
Primero, es necesario que el Gobierno informe a los mexicanos las acciones específicas se están realizando para cumplir con la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia.”
La opacidad y la falta de trasparencia sólo agravan un sistema enmarcado en sospechas de corrupción o falta de voluntad por realmente combatir al crimen donde más le duele: el bolsillo.
Es importante mencionar en 2019, se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para impulsar la recuperación de activos del crimen organizado y destinar los recursos a los programas sociales u otras políticas prioritarias del Gobierno de la República. Sin embargo, podemos advertir que a la fecha, la FGR no está dando los resultados esperados en el combate a la impunidad con el abandono o el decomiso de los bienes provenientes de actividades ilícitas de la delincuencia organizada.
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¿Cómo va México en el combate al lavado de dinero?
En materia de lavado de activos, como resultado del informe de evaluación mutua del GAFI a México en 2018, se establece que las autoridades no persiguen el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como objeto de las políticas y no es proporcional con los riesgos del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Situación que prevalece a la fecha según informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional.
También, si seguimos las estadísticas de la propia UIF durante el periodo de Santiago Nieto, la unidad presentó 378 denuncias contra más de mil 150 personas físicas, 1,100 personas morales y 220 servidores públicos. Sin embargo, no se está logrando sentencias de decomiso de los bienes de la delincuencia organizada.
Como podemos advertir, la mayoría de los delitos tienen un componente financiero. Por ello, dentro de la estrategia del Gobierno, entre otras líneas de acción, debería de considerar la especialización en materia de inteligencia financiera de los agentes del ministerio público encargados de la integración de las carpetas de investigación, así como los servidores públicos involucrados en la prevención, identificación, localización, recuperación y destino de los bienes provenientes de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como un ejemplo de éxito, podemos mencionar la estrategia que está implementado el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la demanda contra empresas de armas de fuego de EE. UU. para prevenir el tráfico de armas.
Para combatir a la delincuencia organizada, se requiere aprovechar la cooperación de los organismos internacionales, para así impulsar un trabajo colaborativo entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de elevar el nivel de especialización, para hacer frente a las estructuras financieras del crimen organizado y ahora sí poder destinar los recursos a los programas sociales u otras políticas públicas prioritarias del Gobierno de la República, como lo establece el marco jurídico vigente.
Por Guillermo Huerta Ramírez. Maestro en Administración Pública. Profesor de Inteligencia Financiera en la Universidad Anáhuac. Twitter @guhuerta.