De forma inédita, consejos interreligiosos de 29 estados del país se unieron para protestar en contra de la iniciativa de la diputada federal de Morena, Reyna Celeste Ascencio, que pretende sancionar a los ministros de culto y asociaciones religiosas que promuevan actos de discriminación, como expresiones contra la homosexualidad, el matrimonio igualitario, entre otras.
En conferencia de prensa virtual, este miércoles leyeron un pronunciamiento conjunto contra la propuesta de reforma al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, afirmando que “amenaza la libertad de expresión de ministros y congregaciones religiosas” porque indirectamente amenaza la difusión y enseñanza de las doctrinas y creencias de las religiones. La calificaron de “ley mordaza” a las iglesias.
“La iniciativa en comento pone en riesgo la libertad de expresión de ministros y congregaciones religiosas, que en uso de su derecho a la libertad religiosa expresan doctrinas y creencias desde la propia convicción de fe que están relacionadas con estos temas. Expresiones que en ninguna forma tienen la intención de discriminar a ningún grupo y mucho menos a persona alguna, sino de manifestar las creencias y dogmas de fe”, leyó el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, Heriberto Cavazos Pérez.
El posicionamiento de siete puntos está firmado por representantes de entre diversas expresiones de fe, entre ellas la Iglesia Católica, múltiples denominaciones cristiano evangélicas, la Iglesia Anglicana, la judía, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, musulmanes, Hare Krishna, Bahaí, entre otras.
Te podría interesar
“Se señala en la iniciativa que la población de la diversidad sexual es un grupo vulnerable que enfrenta crítica y discriminación desde el púlpito. Esto es totalmente falso, de ninguna manera nuestras doctrinas de cada una de nuestras asociaciones religiosas lo que promueve es el amor al prójimo, y lo reiteramos en este momento”, dijo el presidente del Consejo Interreligioso de Tabasco, Javier Ramos.
La iniciativa fue presentada por la diputada morenista el 13 de octubre de 2020, fue aprobada en comisiones el 18 de noviembre y se le dio primera lectura en la el Pleno de la Cámara el 2 de marzo pasado, estatus que la deja en turno de ser discutida por los legisladores.
La propuesta original de la diputada Reyna Celeste modifica la fracción IV del Artículo 29 para sancionar a los ministros de culto si promovían “actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las personas”.
Sin embargo, la Comisión de Gobernación y Población de San Lázaro modificó la propuesta para hacerla más general, a fin de que no sólo se sancione a los ministros de culto por expresiones de discriminación de género o identidad sexual sino también por cualquier expresión discriminatoria, como razón de clase social, origen étnico, entre otros.
En la redacción, se señala que constituyen infracciones a la ley si incurren en “promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las personas o ejercer respecto de estos actos de discriminación”.
Los Consejos Interreligiosos Estatales también se manifestaron en contra de otras iniciativas que la Comisión de Puntos Constitucionales pretende aprobar este jueves en comisiones, las cuales empujan políticas a favor del aborto, matrimonios de personas.
“Segundo - en cuanto al grupo de iniciativas de reforma constitucional que se encuentran en discusión sobre la equidad entre el hombre y la mujer, manifestamos que muchas de estas iniciativas representan las causas legítimas de las mujeres y que requieren atención prioritaria, como lo son la igualdad salarial, los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, garantía de impartición de justicia con igualdad, por mencionar algunas. Sin embargo, observamos que algunas otras de las iniciativas contenidas para ser dictaminadas en conjunto vulneran los derechos fundamentales a nivel constitucional. Por esta razón exhortamos a nuestros legisladores y en particular a la Comisión de Puntos Constitucionales, y a la Presidencia de dicha Comisión, a discutir y dialogar sobre las implicaciones que ponen en riesgo el derecho a la vida, a la libre expresión, a la familia y a la protección de los niños; así como a representar a la sociedad en esta toma de decisiones”, se apunta.
Por Iván E. Saldaña
alg