REFORMA ELÉCTRICA

Fitch Ratings advierte que Reforma Eléctrica amenaza proyectos privados en México

La calificadora ve poco probable que dicha iniciativa se apruebe en 2022

ECONOMÍA

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Fitch Ratings advierte que Reforma Eléctrica amenaza proyectos privados en México (Foto: Reuters)

La contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Adrés Manuel López Obrador, va a resultar en acciones de calificación negativas para proyectos privados de energía si se convirtiera en ley, advirtió la calificadora Fitch Ratings.

A través de un comunicado la agencia calificadora indicó que las reformas energéticas aprobadas en 1992 y 2013 se revertirían y se otorgaría el control total del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (Comisión Federal de Electricidad [CFE], BBB- / Estable).

Morena, el partido gobernante de México, ha postergado el debate sobre la iniciativa hasta el 2022. Para convertirse en ley, la iniciativa debe ser ratificada por dos tercios de las cámaras alta y baja del Congreso, y Morena deberá asegurarse los votos de los partidos de la oposición para cumplir con este requisito. umbral, lo que hace poco probable la aprobación de la medida. Pero si se aprueba, las implicaciones crediticias serían significativas”, detalló el documento.

De acuerdo con Fitch Ratings la propuesta cancelaría todos los acuerdos privados de compra de energía (PPA). La terminación del PPA desencadenaría un evento de incumplimiento y aceleraría la deuda del proyecto en la mayoría de los casos. No está claro si los pagos por terminación del contrato serían exigibles si los contratos dejan de ser válidos.

Adicionalmente, se aboliría la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, disminuyendo la transparencia operativa y la competencia del sistema, ya que no habría árbitros independientes que equilibren el poder de mercado entre los participantes. También se cancelarían los Certificados de Energía Limpia, eliminando uno de los principales mecanismos para promover nuevos proyectos de generación de energía limpia en México.

La propuesta también pondría toda la cadena de suministro eléctrico de México (generación, transmisión, distribución y suministro) bajo el control de la CFE, poniendo fin a la autonomía del operador independiente del sistema del país.

La calificadora ve poco probable que dicha iniciativa se apruebe en 2022 (Foto: Cuartoscuro)

Además, indicó que la CFE despacharía sus plantas de energía antes que generadores más baratos y eficientes siguiendo un orden económico que considera los costos de producción (es decir, los costos variables más los de capital) en lugar de solo los costos variables.

También se incentivaría a la CFE a restringir el acceso a la red, limitar los permisos de nuevas empresas de generación privadas (GenCos) y limitar la inversión en nuevas líneas de transmisión para conectar con privados, exponiéndolos a riesgos de restricción. Esto probablemente desplazaría la energía solar privada y la generación de energía eficiente basada en gas.

“Para respaldar una sólida producción de electricidad, la CFE tendría que adaptarse al desarrollo del proyecto a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda del país. Si se aprueba la iniciativa, Fitch cree que la capacidad del sistema se vería presionada a partir de 2024 y que será necesaria la participación privada para ejecutar los proyectos de nueva generación necesarios. Es posible que se requieran aumentos de tarifas para los usuarios finales y / o subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales de la CFE”, advirtió.

Indicó que es poco probable que los permisos de autoabastecimiento se renueven bajo la medida, y el mercado spot probablemente se disolvería, poniendo fin a los ingresos comerciales y presionando aún más la posición financiera de las empresas privadas.

También detalla que es posible que el flujo de caja no sea suficiente para satisfacer los rendimientos de inversión requeridos por los inversores en acciones. Si los proyectos terminan en bancarrota, el capital social desaparecerá y los prestamistas se apropiarán de los proyectos.

“La propuesta podría debilitar aún más el estado de derecho de México y puede desalentar futuras inversiones privadas en el sector. Los inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en los tribunales de arbitraje internacional en un esfuerzo por proteger sus inversiones y recibir una compensación monetaria”, destacó. 

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