Las empresas extranjeras radicadas en México podrían trasladar parte de sus operaciones hacia otros países, si la regulación del outsourcing y el pago del reparto de utilidades (PTU) se vuelven más rígidos, dijo el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).
Adicionar una rigidez excesiva en México como la pretendida a los mecanismos de subcontratación, además de pagos exorbitantes por PTU, no sólo podrían comprometer planes de inversión en México, quizá tomar decisiones difíciles como reubicar parte de nuestras operaciones hacia otros países, dijo Claudia Jañez Sánchez, presidenta del CEEG.
En un conversatorio organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Jañez dijo que en un contexto de recesión económica y de falta de liquidez, las empresas requieren medir el costo total del empleo en los países donde operan.
Por ello, podrían mudar hacia otras naciones las operaciones de corporativos que prestan servicios a varias empresas de un mismo grupo, entre ellos los call centers y otros servicios cuyos empleos ya no se generarían en México por ser insostenibles.
Explicó que las compañías enfrentan una alta carga impositiva, además del impuesto sobre nomina, mas los pagos al IMSS e Infonavit, así como el aumento de 8 por ciento en la contribución obligatoria patronal para la atención a los trabajadores, que tendrá que pagarse a partir de 2023.
Si a eso agregamos los factores de esta reforma, como no poder subcontratar inclusive servicios especializados compartidos en el mismo grupo económico, cambiar las estructuras corporativas y operativas internas que nos han llevado décadas construir, además de un esquema generalizado de reparto de utilidades, esto nos deja un margen pequeño para la reinversión en México, lo que significaría un freno al crecimiento para las operaciones de las empresas y por tanto a nuestra capacidad de mantener empleos, advirtió.
Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que la suspensión de insourcing causaría graves problemas y la pérdida de competitividad, pues no es posible que cada proyecto de infraestructura se convierta en un empleador directo del personal.
Fernando Alanis Orgega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), pidió que el cálculo del PTU se relacione con factores de productividad, que sea resultado del esfuerzo del trabajador y no en función del precio de metales, así como toparlo a un mes de salario integrado.
Por: Adrián Arias