Arrancó el experimento. Vamos a lo inédito. En menos de dos meses, llegaremos a terreno desconocido. La elección del Poder Judicial marca un parteaguas que no da para alimentar demasiado el optimismo.
Durante 60 días, a partir del domingo, 3 mil 422 candidatos harán cualquier cantidad de malabares para obtener uno de los 881 cargos que se elegirán el 1 de junio.
Para acceder a cada una de las posiciones, importará más la popularidad, estrategia electoral y capacidad de movilización, que la preparación y conocimiento. Vamos a un concurso de popularidad, más que de aptitudes, aunque una cosa no debería reñir con la otra.
Las reglas son, como el resto del proceso, inéditas. Al circo, maroma y teatro que veremos, habrá que sumar restricciones, márgenes absurdos y normas poco prácticas, muchas de ellas escritas sobre las rodillas, como la misma reforma al Poder Judicial, que dio pie al proceso en curso.
En las próximas Definiciones analizaremos los vínculos de quienes aspiran a un cargo, sus afinidades y militancias. Hoy, vale la pena revisar las reglas de lo que podría derivar en una campaña inequitativa y, en el absurdo, con trampas a la ley de quienes después deberán de aplicarla, con el riesgo de financiamiento ilegal, e incluso proveniente de entes prohibidos.
Inicialmente, el INE aprobó que los candidatos a los 881 cargos tuvieran un tope único de gastos, por 220 mil pesos. Sin embargo, el Tribunal Electoral ordenó que el monto se determinara dependiendo el cargo que se pretenda.
Así, el monto más pequeño, será de 220 mil para jueces y subirá hasta llegar al millón 468 mil 841 pesos para ministros. Desde luego no todos tendrán el mismo alcance en cuanto a recursos y promoción. Hay quienes llegarán sobrados al límite y quienes no podrán hacerse de ese tamaño de bolsa.
Luego, estará el reto de entusiasmar a los electores que no solo no se han interesado en un proceso tapizado de grilla, sino que no le entienden. ¿Cómo acercarlos cuando, a diferencia de otras elecciones, el proselitismo estará restringido, y no habrá ni espectaculares ni propaganda en transporte público o mobiliario urbano, sino únicamente un bombardeo en redes sociales?
Por eso será una elección de estructuras y movilización.
Las reglas son, por decir lo menos, confusas. Por ejemplo, no están permitidos mítines o eventos masivos, pero sí están avalados “encuentros” con ciudadanos en plazas públicas, siempre y cuando no cuenten con templetes, vallas, equipos musicales, aunque en ningún sitio se detallan las características de estos actos.
Podrán asistir a foros organizados por agrupaciones civiles, instituciones académicas o empresariales, y que sean “equitativos". Sin embargo, no se aclara a partir de cuántos aspirantes ya sería legal, aunque se advierte que si son masivos y ostentosos se declararán como “no gratuitos”.
Otra de las tareas retadoras estará en la fiscalización. La Unidad de Fiscalización del INE tendrá la maratónica misión de monitorear cómo gastan los 3 mil 422 candidatos a cargos nacionales. Y, por si fuera poco, también deberán trabajar en la fiscalización de los cientos de aspirantes a juzgadores en 19 entidades.
El proceso no solo pinta enredado, sino caótico. Hay, además, muchos nombres vinculados al poder, redes de interés y trayectorias afines a proyectos políticos. Vamos a lo desconocido. De eso nos ocupamos el viernes en esta columna.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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