En Teocaltiche, Jalisco, el crimen organizado no solo ha desplazado a familias, tomado ranchos o impuesto cuotas a comerciantes; también ha reventado desde dentro a la propia seguridad pública. El estado lo sabe, lo admite y, aun así, apenas logra contener la crisis.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, confirmó la baja de al menos cinco elementos municipales, algunos por “motivos personales”, otros por no pasar controles o simplemente por miedo. La verdad es que nadie quiere ser policía en una zona donde serlo equivale a una sentencia. Desde hace tres meses, el control de la seguridad está en manos de la Federación y la Guardia Nacional, porque ni Villa Hidalgo ni Teocaltiche pueden recuperar el mando. Sería, según Hernández, poner en riesgo a los elementos.
Hace unos días, Luis Ernesto Chávez, agente de la Comisaría de Teocaltiche, fue asesinado dentro de su propia casa. No tenía antecedentes ni vínculos con grupos criminales. Tenía 31 años y era, simplemente, un policía.
En este municipio de los Altos Norte, la autoridad formal se enfrenta a un poder paralelo que no solo controla territorios, sino también mercados. La venta de cervezas, cigarros, refrescos y otros productos estaba limitada a lo que el crimen permitía. Quien quería vender, tenía que pagar hasta dos mil 500 pesos por local. Ahora, dicen las autoridades, eso ya no sucede. Pero ni los comerciantes ni los habitantes sienten que el control haya vuelto del todo.
Mientras tanto, cuatro elementos de la policía municipal y un conductor siguen desaparecidos. Iban rumbo a Guadalajara a presentar sus controles de confianza y nunca llegaron. La búsqueda sigue. El gobierno estatal ha prometido apoyos, pero ni siquiera se ha reunido con las familias.
Lo que ocurre en Teocaltiche no es solo un caso más de violencia. Es el retrato de un Jalisco rebasado, de policías locales sin respaldo —o infiltrados— en un territorio donde el crimen dicta las reglas y donde la institucionalidad apenas sobrevive.
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El saqueo invisible de Graco
Morelos vuelve a mirar al pasado reciente, seis exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez fueron vinculados a proceso por el presunto desvío de más de 81 millones de pesos, dinero que debía destinarse a becas y estímulos laborales, pero terminó -según la Fiscalía Anticorrupción- en pagos irregulares de papelería a la empresa Serveis Akram S.A. de C.V., sin que existan pruebas de entrega.
Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda; Armando Sanders de Mendoza y Carlos Riva Palacio Than, ex tesoreros; Jorge de la Rosa Segura, ex subsecretario de Presupuesto; Gerardo Humberto Rodríguez y Salvador Domínguez González, exdirectores de Presupuesto y Gasto Público, fueron imputados por peculado agravado y ejercicio indebido del servicio público. Todo apunta a 229 solicitudes de pago sin control, sin supervisión y sin justificación. Graco, mientras tanto, sigue en silencio.
El caso revive los presuntos actos de corrupción sistemática que pesaron sobre el sexenio del perredista, señalado una y otra vez por el manejo opaco de recursos públicos. Hoy, algunos de sus excolaboradores empiezan a responder ante la justicia, pero faltan peces gordos de acuerdo a fuentes de la Fiscalía estatal.
Finalmente, me dicen desde la Fiscalía Anticorrupción que no quitan el dedo del renglón, que otra de las prioridades es seguir integrando los expedientes de manera minuciosa sobre la gestión de Cuauhtémoc Blanco, donde las irregularidades denunciadas por el gobierno de Margarita González Saravia podrían dar pie a nuevas acciones judiciales. El saqueo no empezó, ni terminó, con Graco.
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
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