“Los funcionarios consulares son agentes del Estado, ubicados en el exterior, particularmente dedicados a las actividades comerciales y al bienestar general de sus connacionales en un Estado extranjero anfitrión.” A Handbook of International Relations
Con frecuencia, en redes sociales y en iniciativas legislativas se proponen cambios en la Ley del Servicio Exterior a fin de emplear en las oficinas consulares a connacionales migrantes residentes en diversas ciudades estadounidenses. La mayoría de esas propuestas no resisten un mínimo análisis legal y, sin embargo, vuelven, una y otra vez, como el mar a la playa.
La propia Asociación del Servicio Exterior Mexicano se ha reunido a lo largo de diversas legislaturas con representantes populares para explicar las labores que tienen lugar en un consulado y las capacidades reales, en términos legales, de lo que un consulado puede o no hacer. Pero la percepción de que esas oficinas pueden dar más en todos los sentidos retorna.
Por eso es relevante destacar que existe un marco institucional en el que pueden trabajar los Consulados y el Estado anfitrión puede poner límites que acoten aquellas acciones a lo que contempla la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es la que rige la presencia de oficinas consulares en territorio de otros Estados.
En materia de personal existe el denominado “personal local” que se ocupa de labores administrativas y “funcionarios consulares”, designados desde la capital, son integrantes del Servicio Exterior y pueden ser “de carrera” o ser una designación política. Para ser de carrera deberán haber ingresado por examen público de ingreso y se desempeñan en diversas adscripciones a lo largo de una carrera que puede rebasar los cuarenta años de servicio público. En contraste, los designados “políticamente”, son contratados por un año y no puede renovarse dicho contrato más de seis años; los de carrera desarrollan una carrera escalonaría que les lleva a distintos destinos, rangos y funciones. En contraste, los “políticos” están por un tiempo, puesto y función determinada.
Nuestros consulados en Estados Unidos han contratado a lo largo de los años a cientos de migrantes como empleados locales. Ellos son, ya, un vínculo con la comunidad local y son el primer rostro que recibe a los connacionales en las ventanillas consulares. Se conocen en persona y saben de los problemas y necesidades consulares que tienen nuestras comunidades.
Ahora bien, la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM), especifica que para ser integrante de carrera o temporal del SEM, se debe de ser mexicano por nacimiento y no detentar otra nacionalidad. ¿Renunciarían a su nacionalidad estadounidense aquellos migrantes que la tengan y quieran trabajar en un consulado como funcionarios? ¿Aceptará el Estado anfitrión que nacionales de su país estén exentos del pago de impuestos? Son solo dos preguntas iniciales para ilustrar la complejidad de pretender convertir en agentes consulares a residentes mexicanos en Estados Unidos. Finalmente, es importante considerar que una representación consular es una oficina ante otro Estado y no una extensión ejecutiva del Gobierno Federal. Las gestiones municipales que con frecuencia se esperan de un consulado no se contemplan en la citada Convención de Viena y la multiplicación de actividades que realizan nuestras representaciones es un logro de las gestiones de sus titulares ante las autoridades locales y pueden ser afectadas por decisiones de un gobierno federal en Washington que actúa con especial belicosidad en contra de nuestras comunidades. Esperar que nuestra operación consular tenga un carácter activista sólo limitará nuestra función central de protección a los connacionales.
POR DAVID NÁJERA
EMBAJADOR DE MÉXICO. ACTUALMENTE PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO A.C.
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