La fiscalización en todos los países democráticos es un proceso que permite supervisar y controlar el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones por parte de personas, instituciones, entidades gubernamentales y, en general, todos los sujetos obligados.
Este proceso permite garantizar la transparencia, la legalidad y la certeza de que todas las instancias respectivas actúan conforme a Derecho y, para el caso de los entes que manejan recursos públicos estén destinados adecuadamente para los fines, programas y políticas determinados; en caso de incumplimiento estos procedimientos establecen las rutas de investigación y, en su caso, la implementación de sanciones administrativas o legales para fincar las responsabilidades que correspondan.
En materia electoral, la fiscalización le sirve a la autoridad electoral para conocer, revisar y supervisar el origen y destino de los recursos que utilizan las personas aspirantes, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, las personas candidatas independientes, así como los partidos políticos durante los procesos electorales, así como durante el periodo ordinario, es decir, cuando no hay elecciones.
Con la reforma constitucional en materia electoral de 2014, fue creado el INE y entre sus múltiples atribuciones se le confirió la de realizar la fiscalización de todo el proceso en el ámbito federal y también el local. Así, por ejemplo, el máximo árbitro en materia electoral administrativa revisa el origen y monto de los recursos que reciben todos los actores políticos involucrados en los procesos electorales federales y de las 32 entidades federativas.
Para conocer los resultados que produce el ejercicio de la fiscalización basta con conocer las resoluciones adoptadas por el INE respecto a la fiscalización practicada a los informes de ingresos y gasto del ejercicio fiscal de 2023.
De entrada, la autoridad electoral impuso sanciones a los partidos políticos nacionales y locales por un monto de 396,977,859 pesos por múltiples irregularidades detectadas que van desde egresos no reportados, egresos no comprobados y egresos sin objeto partidista.
Mención especial merecen cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, no destinar recursos para diversas actividades específicas y establecidos en la normativa electoral, entre otras.
Es de hacer notar que todas las resoluciones en materia de fiscalización se discuten y analizan en sesiones en presencia de los propios partidos políticos; a estas sesiones al tener un carácter público están abiertas al escrutinio público lo que genera mayor certeza en la deliberación de los asuntos y sus resultados.
En su oportunidad resultará muy interesante conocer los resultados de la fiscalización del ejercicio 2024, sobre todo porque ha sido la elección más grande que ha tenido nuestro país en donde fueron renovados más de 20 mil cargos de elección popular.
Por estas consideraciones y otras, la fiscalización es una herramienta fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas de los principales actores políticos que buscan el poder público, lo que permite, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía al contar con un órgano electoral que vigila y, en su caso, sanciona cuando existen inconsistencias a la normativa electoral.
La fiscalización electoral también, permite observar en dónde el legislador debe fortalecer, en su oportunidad la legislación electoral con la finalidad de dotar al INE con los instrumentos necesarios para darle integridad electoral a todo el sistema electoral.
Así, tenemos elecciones certeras lo que se traduce en el fortalecimiento del voto de las y los mexicanos como los únicos que definen el rumbo de esta nación.
POR FERNANDO DÍAZ NARANJO
PAL
