Los altos precios de la gasolina han estado en la agenda pública en las últimas semanas. La propuesta del Partido Acción Nacional de reducir la carga fiscal de este producto, que hoy en día es de casi la mitad de su precio, ha obligado al gobierno de México a buscar alternativas a fin de no perder popularidad en la opinión pública.
En este sentido, hace unos días se anunció un acuerdo “voluntario” entre el gobierno y los empresarios gasolineros para fijar un precio máximo del litro de la llamada gasolina magna en 24 pesos. Aunque la medida tiene como objeto aliviar el gasto de los consumidores, la realidad indica que podría generar efectos adversos que terminen afectando más precisamente a los consumidores, por lo que no parece ser una buena idea.
La fijación de precios genera siempre mercados negros. En el caso de la gasolina, la fijación de precios podría fomentar el mercado ilícito de combustibles, conocido como "huachicol". Al reducirse las ganancias legítimas, algunos actores podrían recurrir al robo y venta ilegal de gasolina para mantener su rentabilidad, exacerbando un problema que el gobierno supuestamente ha intentado combatir en los últimos años.
Relacionado con lo anterior, la reducción de márgenes de ganancia podría motivar a algunos distribuidores a incurrir en prácticas ilícitas, como la adulteración de combustibles o la venta de litros incompletos, con el fin de compensar las pérdidas económicas. Estas acciones no solo perjudicarían a los consumidores, sino que también podrían afectar la calidad y seguridad del combustible distribuido.
Sin márgenes de ganancia mínimamente rentables, muchas estaciones de servicio en todo el país podrían cerrar. Esto generaría un desabasto que provocaría que cientos de miles de personas no tuvieran acceso a la gasolina o, peor aún, las induciría a adquirirla a los huachicoleros.
El acuerdo no considera las variaciones en los costos de transporte y logística que existen entre diferentes regiones del país. Por ejemplo, el traslado de combustible a estados más alejados de los centros de distribución implica mayores gastos. Al imponer un precio uniforme, las estaciones en estas zonas podrían enfrentar mayores dificultades financieras, lo que podría traducirse en desabastecimiento o cierre de operaciones.
La medida podría desincentivar la inversión privada en el mercado de combustibles, afectando la competencia y limitando la oferta de servicios y productos relacionados. Esto podría contravenir los objetivos de diversificación y mejora en la calidad del servicio que se han buscado en las reformas energéticas recientes.
Por todo lo anterior la única medida real para disminuir el precio de la gasolina parece ser la que ha propuesto el PAN: disminuir la enorme carga fiscal de cada litro de gasolina. Pero el gobierno no está dispuesto a dejar de obtener un elevado ingreso que después utiliza de forma clientelar y opaca.
Los gobiernos morenistas son muy proclives a la política de fijar precios máximos, a pesar de que la lógica económica indica que éstos jamás han funcionado y, además, han agravado los problemas en los mercados en donde se aplica. Eso puede pasar en un mercado tan fundamental para la economía del país como es el de las gasolinas.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
PAL
