La incorporación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la Constitución representa un avance histórico que pone fin al estigma social que, durante años, marcó a un sector de la juventud mexicana con la etiqueta despectiva de “ninis”, utilizada para referirse a quienes no tenían acceso a oportunidades de estudio ni de empleo. La reforma constitucional que garantiza derechos fundamentales para nuestros jóvenes fue aprobada la semana pasada en el Senado y ahora corresponde a las legislaturas estatales ratificarla.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no cuentan con un empleo y no están inscritos en algún sistema escolar, brindándoles la oportunidad de capacitarse durante un año en empresas privadas. Durante este periodo, el Estado otorga un salario mínimo y cubre el costo del seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al concluir, las y los jóvenes pueden incorporarse como trabajadores regulares en la empresa donde se formaron o acceder al mercado laboral con mejores herramientas para su desarrollo.
La iniciativa no solo beneficia a las y los jóvenes, sino también a las empresas participantes, que encuentran en el programa una vía para formar talento acorde con sus necesidades, sin costo inicial. A pesar de que siete de cada 10 jóvenes beneficiarios han logrado incorporarse al mercado laboral, el programa ha sido blanco de críticas por parte de la oposición, que busca desacreditarlo con argumentos que desvalorizan el esfuerzo de las y los jóvenes, presentándolos como dependientes del Estado.
No obstante, estas críticas pasan por alto que el apoyo tiene una duración limitada a un año, tiempo suficiente para alcanzar sus objetivos. Además, el programa es implementado por la sociedad a través de las empresas participantes, lo que hace que sus resultados dependan tanto de ellas como de los propios jóvenes, fortaleciendo así su efectividad. Gracias a esta estrategia, desde su creación en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de tres millones de jóvenes han accedido a una oportunidad real de desarrollo, que no solo les dignifica a ellos y ellas, sino que también beneficia a la sociedad mexicana en su conjunto.
La Reforma Constitucional que garantiza la permanencia de este apoyo como un derecho fundamental fue aprobada por unanimidad de todas las bancadas, a pesar de las intensas campañas de desinformación que, durante años, han intentado desacreditar el programa, presentándolo falsamente como un incentivo al clientelismo, la pereza y la irresponsabilidad. Esta visión distorsionada y malintencionada aún persiste y sigue difundiéndose, por lo que es fundamental continuar informando sobre la verdadera naturaleza del programa, sus logros hasta la fecha y los que aún están por alcanzarse, demostrando su impacto en la transformación de vidas y el fortalecimiento del desarrollo social y económico de México.
POR LUIS FERNANDO SALAZAR
PAL
