En días pasados, Transparencia Internacional publicó su tradicional Índice de Percepción que evalúa el inmediato anterior, en nuestro caso, el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La calificación es muy mala, estamos en la posición número 140 de 180 países, con 26 puntos sobre 100, cinco puntos lejos de los 31 de los últimos cuatro años.
Los defensores del gobierno evaluado dirán que técnicamente hay sesgos en las mediciones, que la popularidad y la narrativa del expresidente no coindice con lo que se presenta sobre el flagelo. La realidad es que este país no es una isla y está bajo los reflectores de todo el mundo, y esto nos guste o no, tiene un impacto a nivel de inversiones, certeza jurídica, y confianza. Revertir estar percepción será uno de los desafíos de la actual presidencia.
Pero como no se trata de rasgarnos las vestiduras y sí de proponer soluciones, al respecto hay varios caminos. Uno de ellos, es la necesaria firma de un Acuerdo Nacional entre el gobierno en sus tres órdenes, con la sociedad civil, empresarios, academia, partidos políticos y organismos internacionales, estamos en el momento político para hacerlo, pero incluso como antídoto para la polarización.
Esto significa que cada sector se comprometa con lo que le corresponde y haya una mejoría para atender este tema. Otro camino, es que las instituciones principalmente gubernamentales “funcionen” (aunque esto suene a una verdad de perogrullo), que haya un mejor desempeño y un verdadero compromiso y esfuerzo técnico para erradicar a este fenómeno de forma imparcial. De manera, que el profesionalismo, el comportamiento ético y la legalidad estén por encima de la impunidad, el encubrimiento, la complicidad, el nepotismo, la opacidad y el enriquecimiento ilícito.
De igual modo, se tiene que reforzar la apertura y el diálogo con sectores y ciudadanos que son afectados todos los días por este fenómeno ¡Hay que escucharlos¡ Adicionalmente, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los comités de participación ciudadana que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción pueden ser grandes aliados de los gobiernos y administraciones públicas en este aspecto, tanto por toda la información que manejan como por las propuestas que se pueden derivar de ellas, ya sea, para la mejora de procesos de contratación pública, la digitalización de servicios públicos, la profesionalización de la función pública, la atención a víctimas de la corrupción, la identificación de áreas susceptibles de corrupción para proponer medidas para su prevención.
Un tema de gran relevancia es la realización de grandes campañas de difusión, para erradicar a este flagelo y que pueden ser comparables con lo que se está haciendo con lo del fentanilo. Esto dará lugar a la cultura de la denuncia, a todo un esquema de alertadores públicos, que es casi nulo y, por lo tanto, esto obliga a contar con canales adecuados de denuncias tanto al interior de las organizaciones como los correspondientes a los ciudadanos.
En fin, hay que estar conscientes que este es un problema complejo y no de fácil solución como se suele decir en el discurso; nos llevaremos años para tener una posición aceptable a nivel internacional.
¡Empecemos ahora! Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
POR RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y Coordinador académico del INAP.
MAAZ
