El pasado 20 de febrero, Estados Unidos designó a ocho organizaciones criminales, incluyendo a seis cárteles mexicanos, como organizaciones terroristas. La lista incluye a los grupos de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste (CDN), la Nueva Familia Michoacana (LNFM), del Golfo (CG) y Unidos (CU).
Esta designación permite al gobierno de EU emplear más herramientas, incluyendo la fuerza militar, para combatirlos directamente. Una semana antes, aviones militares (tripulados y no tripulados) de EU, incrementaron vuelos para recolectar inteligencia electrónica, de señales y de comunicaciones, tanto fuera, como dentro del espacio aéreo mexicano.
La respuesta del gobierno mexicano ante la designación de los cárteles como terroristas fue casi inmediata y muy enérgica… en el papel. Para “Fortalecer la Soberanía”, se reformaron los artículos 19 y 40 de la Constitución que en resumen 1) individualizan al terrorismo de los delitos graves, elevándolo, 2) perfila que cualquier nacional o extranjero que lleve a cabo actividades al margen de la ley –interprétese operaciones en contra de los carteles– incurre en un delito grave y que 3) en ninguna circunstancia se aceptara intervención extranjera sin la autorización del Estado Mexicano.
Pero hay una narrativa que refuta, crece y asegura que México ha perdido soberanía ante el crimen organizado, al grado que es necesaria la cooperación internacional para recuperarla. La preocupación del gobierno mexicano es que EU comience operaciones militares y/o de seguridad unilaterales en territorio mexicano abiertamente y con ello viole la soberanía, lo que podría llevar a una adaptación moderna de la Expedición Punitiva.
Recordemos que en 1916 el General Pershing, al frente de 4,800 tropas, cruzó la frontera con el objetivo de capturar a Pancho Villa. Tras varios meses de fracasos, una unidad militar estadounidense se enfrentó con una del ejército mexicano y fue derrotada, llevando a una euforia nacionalista en el norte de México. La tensa situación amenazaba con llevar a ambos países a la guerra, precisamente en un momento en que la tensión en Europa escalaba, previo a la Guerra Mundial. ¡Vaya Déjà vu!
El contexto local es que Washington atraviesa por una crisis político-laboral significativa, hay despidos masivos en el gobierno federal, incluyendo el Pentágono, las agencias de seguridad y la comunidad de inteligencia. La única constante es una comunicación clara y transparente entre las fuerzas armadas de EU y sus pares mexicanos. Lo que queda claro al presenciar la actuación de las fuerzas militares de EU es que no buscan repetir la historia de la Expedición Punitiva, y que su objetivo prioritario es mantener la relación militar binacional, que tanto ha costado reconstruir durante las últimas dos décadas.
Más allá de enérgicas reformas constitucionales, lo que el Estado Mexicano requiere es capacidad traducida en medios para proteger la soberanía. Las fuerzas mexicanas requieren de un nivel de inversión que no está reflejado en el presupuesto 2025, requieren de medios terrestres, navales, aéreos, espaciales y cibernéticos adecuados para cumplir su misión principal: proteger la soberanía. Ahí es en donde la cooperación de EU sería mejor aprovechada.
POR IÑIGO GUEVARA
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y PROFESOR ADJUNTO DE GEORGETOWN UNIVERSITY EN WASHINGTON, D.C.
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