El Estado mexicano está fracturado, el último de los poderes que aún mantenía cierta independencia, está siendo capturado por la fuerza política dominante.
Era previsible que la implementación de la reforma judicial fuera un desastre. Su origen no responde a una evaluación objetiva de cómo mejorar el sistema de justicia, sino a la visión de López Obrador de imponerse sobre el poder que desafió su voluntad. Un objetivo desvirtuado solo podía derivar en un proceso amañando y en estrategias deliberadamente destructivas.
Se han cometido tres grandes errores: el conflicto institucional, la manipulación en la selección de candidatos y la falta de rigor en la ejecución de la ya de por sí, mala reforma.
Para agravar el desaseo, el Tribunal Electoral y el Senado han asumido atribuciones que no les corresponden.
El Tribunal Electoral, con apenas tres magistrados, ha intentado imponerse sobre el resto del Poder Judicial, ordenando suspensiones judiciales y reinterpretando la Constitución a conveniencia. Un caso claro fue su intervención para que el INE desconociera suspensiones dictadas por jueces de amparo.
Por su parte, el Senado se apropió de la lista del Poder Judicial como si se tratara de suplencias, a pesar de que la reforma no contemplaba tal escenario. Son interpretaciones arbitrarias que afectan la estabilidad de todo el entramado institucional.
La selección de candidatos refleja una clara inclinación hacia Morena. Más que un proceso técnico, se convirtió en una estrategia para asegurar jueces afines al partido en el poder.
Los ministros no cercanos al régimen fueron “invitados” a renunciar anticipadamente, so pena de perder la pensión a la que tenían derecho. Y las ministras cercanas al poder, hoy están ocupadas en ser electas para repetir en el cargo.
En este perverso teatro ha habido plazos incumplidos, interpretaciones fuera del marco constitucional y violaciones a las normas de campaña -algunas usando recursos públicos-, ejemplos de cómo los promotores de la reforma han actuado sin respeto a la legalidad.
El resultado será un Poder Judicial desacreditado de inicio, donde jueces y magistrados no rendirán cuentas a la ley, sino a los grupos políticos, financieros o criminales que movilicen más votos.
México necesita un sistema de justicia independiente, basado en el profesionalismo, la autonomía y la carrera judicial. Este desaseado proceso resultará en todo lo contrario. Sin jueces autónomos, no hay justicia. Y sin justicia, no hay democracia. Quizá ese también, era uno de los objetivos.
CUMULONIMBUS. ‘De todas las reacciones posibles ante una injusticia, la más hábil y económica es el silencio’, Santiago Ramón y Cajal.
POR BOSCO DE LA VEGA
PAL
