Antes de que inicie con todo la cuesta de enero y los reflectores de la opinión pública se orienten hacia las acciones antiinmigrantes de Donald Trump, vale la pena dedicar unas líneas a la prisión preventiva oficiosa. Específicamente, a la publicación, en la tarde del 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, de la reforma constitucional al Artículo 19, por la que se amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, como la extorsión y la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, y sus posibles impactos en la seguridad ciudadana y en la violación de los derechos humanos.
Por supuesto que estoy a favor del combate a la producción, tráfico y consumo ilegal de fentanilo, así como de luchar en contra de la extorsión en todas sus modalidades, porque este delito ha crecido exponencialmente en los últimos años a pesar de ser muy poco denunciado. Desde hace una década, en diversos espacios y foros, he escrito o hablado al respecto.
Con esta reforma constitucional, son ya cerca de 60 conductas delictivas las que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual lleva a la pregunta: ¿la prisión preventiva oficiosa es la solución para los delitos de alto impacto? Para los políticos sí; los hechos dicen que no. Para no perderse en una lista interminable de ejemplos, hablemos del homicidio: desde 2008, este delito amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Esto ha inhibido los asesinatos? No, por el contrario. México ha experimentado un crecimiento exponencial de los asesinatos de ese año a la fecha. El nivel de impunidad en homicidios es mayor al 90%.
Otro ejemplo son los feminicidios. Con bombo y platillo, la clase política anunció la inclusión de este delito, pero los hechos muestran que los niveles de impunidad siguen siendo altísimos.
A la clase política le gusta endurecer penas porque eso le permite quedar bien ante el electorado. A las autoridades de seguridad y procuración de justicia les permite detener acusados y mantenerlos en la cárcel por varios años, aunque se violen los derechos humanos.
¿Por qué falla la PPO? Porque los delincuentes y grupos criminales no están atentos a lo que publica el Diario Oficial, ni leen la Constitución o el Código Penal antes de cometer un delito. El tema para combatir estas conductas está en la prevención, la inteligencia y la procuración de justicia.
Si las autoridades quieren, en verdad, bajar la incidencia en estas conductas deben invertir tiempo y dinero en el fortalecimiento de las policías estatales, las fiscalías y las labores de inteligencia. Aumentar penas o medidas como la PPO solo son estrategias para “taparle el ojo al macho” y dañar derechos elementales como la libertad. De los gobiernos de derecha se entiende, pero no de un gobierno progresista y de izquierda, no.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
