La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al inicio de su gobierno, manifestó que una de sus prioridades sería la construcción de vivienda social digna a bajo costo para los trabajadores de bajos ingresos y grupos vulnerables. Hizo el compromiso de construir un millón de viviendas en su sexenio, hecho que sin duda será histórico, ya que se abatirá el gran rezago existe en el país. Con estos propósitos, el 12 de noviembre pasado, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual ya fue aprobada en el Senado y en febrero haremos lo propio en la Cámara de Diputados.
La reforma contempla un cambio en la estructura del Infonavit que garantice la transparencia y elimine actos de corrupción para dar certeza a los trabajadores de que sus ahorros están bien cuidados y resguardados, ya que con la reforma va existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, “se pondrá orden”, facultando la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Así mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas para el manejo de su balance financiero, y la obligatoriedad de que el Infonavit rinda un informe al Congreso de sus operaciones y resultados financieros el 30 de mayo de cada año.
Situación que no ocurre con la ley actual al no permitir o aprobar la fiscalización de la ASF bajo el argumento de que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre lo que llaman “recursos privados”, dando lugar a actos de corrupción millonarios, como los que refiere el director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, donde se han otorgado múltiples créditos sobre una misma vivienda: en 21 estados del país existen 12 mil créditos en mil 400 viviendas, lo que significa que fueron vendidas varias veces cada una, lo cual denota una corrupción solapada por las representaciones del gobierno, trabajadores y empresarios.
De igual manera, explica el dispendio y abuso en salarios, con ingresos netos anuales de los Directores Sectoriales de los Trabajadores y Empresarios que rebasan los 3.1 millones de pesos, así como los 2.2 millones de pesos que percibe el Secretario General del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, aunados a los altos salarios del director, coordinadores y gerentes, donde todos ellos rebasan el ingreso de la Presidenta de México. Con la reforma se eliminan las Direcciones Sectoriales de los Trabajadores y Empresarios, las cuales no tienen funciones y responsabilidades sustantivas, y se termina con el esquema de altos pagos por la asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones.
La oposición, y algunas organizaciones de trabajadores, se han manifestado en contra de la reforma, argumentando que podría haber un mal uso del fondo de vivienda de los trabajadores. Sin embargo, esta afirmación carece de veracidad ya que, como se ha señalado, el uso de los recursos será auditado por la ASF, la SHCP revisará los balances financieros, y el Infonavit tendrá la obligación de presentar un informe anual al Congreso. Además, estudios demoscópicos muestran que la mayoría de la ciudadanía está a favor de que el Infonavit no solo otorgue créditos para vivienda, sino también las construya. De acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group (HMG), realizada del 20 al 27 de diciembre de 2024, el 60% de los encuestados está de acuerdo con la reforma al Infonavit, y cinco de cada diez conocen la reforma aprobada por el Senado de la República el pasado 13 de diciembre de 2024.
La reforma regresa la función primordial que tenía el Infonavit: la construcción de vivienda, la cual con el tiempo abandonó y se convirtió solo en otorgador de créditos de vivienda construida por particulares. Hoy se dispone que el Infonavit sea constructor de vivienda social a bajo costo mediante una empresa filial controlada por el instituto, pero sin ser considerada como entidad paraestatal.
La reforma tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de las familias y modernizar la operación del Instituto. Uno de los cambios más relevantes es la desindexación o desvinculación de los créditos al salario mínimo, una medida clave para evitar que los incrementos en el salario afecten a los acreditados. Antes, los créditos denominados en veces salario mínimo (VSM) provocaban aumentos automáticos en la deuda y las mensualidades. Ahora, con esta reforma, los beneficios son: las mensualidades serán fijas, ofreciendo estabilidad y certidumbre financiera; se evitarán aumentos inesperados, ya que los incrementos en el salario mínimo no afectarán los pagos; las familias podrán planificar sus finanzas con mayor tranquilidad, eliminando incertidumbres. Este cambio garantiza justicia financiera y da a las familias trabajadoras las herramientas necesarias para alcanzar su derecho a una vivienda digna sin preocuparse por incrementos imprevistos.
Además, la reforma incluye créditos más flexibles, que podrán utilizarse para adquirir terrenos o viviendas usadas; construir en propiedades propias; solicitar más de un crédito a lo largo de la vida laboral. También se introduce la figura novedosa de Arrendamiento Social, un esquema innovador que permitirá que después de un año de cotizar al fondo de ahorro para vivienda del Infonavit, los trabajadores puedan acceder a una vivienda en arrendamiento con opción a compra, donde el trabajador paga una renta mensual no mayor al 30% de sus ingresos por diez años y al término de ese tiempo tiene la opción de compra, donde las rentas pagadas serán consideradas como parte del precio de compra. Esta opción es una alternativa para los sectores vulnerables de bajos ingresos y para los 30 millones de jóvenes que difícilmente pueden acceder a una vivienda digna de bajo costo.
Otro eje fundamental de esta reforma es la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. Se mantiene la representación tripartita entre trabajadores, patrones y gobierno, asegurando que cada sector conserve su voz y voto en las decisiones del Instituto. El Consejo de Administración estará integrado por 12 miembros: cuatro representantes del gobierno federal; cuatro representantes de las personas trabajadoras; cuatro representantes de las personas empleadoras. Este Consejo tomará decisiones clave como: aprobar las inversiones y financiamientos del Instituto; revisar las proyecciones financieras, el presupuesto de ingresos y egresos, y los planes de trabajo; definir las reglas para otorgar créditos y acceso a programas de vivienda. Por su parte, la Asamblea General, como máximo órgano del Infonavit, mantendrá la representación equitativa entre los tres sectores, garantizando la voz de todas las partes en las decisiones estratégicas del Instituto.
En cuanto a la protección de los trabajadores, la reforma establece límites claros: Un descuento máximo del 30% de sus ingresos en esquemas de arrendamiento social y un 20% en préstamos; los recursos del Instituto se destinarán exclusivamente a proyectos de vivienda y arrendamiento público.
POR ULISES MEJÍA HARO
PA
