En las entregas anteriores se planteaba la necesidad de generar los incentivos necesarios para que todas las personas encargadas de atender y operar las políticas públicas en materia de seguridad se alinearan para materializar el catálogo de propuestas. Lo anterior aprovechando la coyuntura de probables cambios en los distintos órdenes de gobierno.
Las primeras dos acciones serían la definición clara de objetivos estratégicos y tácticos; así como poner en el centro de las políticas a las y los policías, militares, marinos, guardias nacionales, agentes de inteligencia, ministerios públicos, etc.
El primer punto es para tener claridad en la ruta de trabajo y de esta forma hacer medibles los resultados; mientras que el segundo busca mandar señales contundentes a las fuerzas en el terreno de que el Estado mexicano los acompaña, los cobija y los cuida. La tercera acción es la construcción de Protocolos de Actuación de maduración constante, pero de cumplimiento rígido. Los protocolos establecen un marco regulatorio de actuación claro y preciso que guía a las y los elementos de seguridad en todas las situaciones.
Estos protocolos deben ser detallados y comprensibles, cubriendo una amplia gama de escenarios que puedan enfrentar las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Desde situaciones rutinarias hasta crisis de alto riesgo, los protocolos deben proporcionar pautas claras sobre cómo actuar de manera efectiva y conforme a la ley.
Es esencial que estos protocolos sean desarrollados con la participación de expertos en seguridad, representantes de la sociedad civil, y miembros de las propias fuerzas de seguridad. Deben reflejar las mejores prácticas y experiencias tanto a nivel nacional como internacional, adaptadas a la realidad específica de nuestro país.
Además, dichos protocolos deben ser revisados y actualizados periódicamente para garantizar su relevancia y eficacia en un entorno en constante cambio. Esto implica la incorporación de lecciones aprendidas de incidentes pasados, así como la integración de avances tecnológicos y nuevas metodologías de seguridad. Los protocolos otorgan certeza a la autoridad y a la ciudadanía, pues la discrecionalidad en la actuación prácticamente desaparece
La cuarta propuesta está relacionada con la rendición de cuentas y se encuentra íntimamente ligada a los protocolos de actuación. La autoridad debe transparentar la administración de los recursos pero también su desempeño, sin vulnerar la propia seguridad de los operativos.
El último punto es el involucramiento de la sociedad civil para el acompañamiento incluso en algunas decisiones de inversión y gasto. Las y los titulares de los ejecutivos saben que sus periodos de mando tienen fecha de caducidad, por lo que se genera un incentivo para adquirir bienes de manera inmediata y no necesariamente lo más necesario.
Esto por la exigencia de dar resultados en el muy corto plazo. Por su parte, sociedad civil sí tiene incentivos para tomar decisiones mucho más estratégicas y que trasciendan administraciones. Decisiones de inversión de mediano y largo plazos que podrían resultar más eficientes.
Las cinco propuestas hasta aquí presentadas buscan generar incentivos para que los distintos actores operen de la mejor manera las políticas implementadas, sean las que sean. Las últimas tres líneas de acción se delinearán en la siguiente entrega.
POR RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS WOGAU
COLABORADOR
EEZ
