La corrupción en el Infonavit y su evidente complicidad con ciertos empresarios inmobiliarios constituye un lamentable retrato del resultado de la privatización de las instituciones públicas para beneficio de unos pocos. Lo que debería ser un referente de justicia social y garantía de vivienda digna para los trabajadores, se convirtió, durante años, en un escenario de fraudes sistemáticos, tráfico de influencias y saqueos orquestados desde dentro y fuera del organismo. El caso expuesto recientemente por el director del Infonavit, no sólo revela la magnitud de esta red de corrupción, sino también la impunidad estructural que permitió que estos abusos permanecieran enterrados durante años.
El modus operandi detrás de estos actos de corrupción es tan perverso como sofisticado. La triangulación de dinero, el otorgamiento de créditos a desarrolladores que jamás construyeron vivienda y los juicios fraudulentos en perjuicio de miles de trabajadores no son hechos aislados; son manifestaciones de un esquema bien articulado que involucra tanto a funcionarios del Infonavit, como a empresarios inmobiliarios. Resulta escandaloso que, entre 2013 y 2015, se despojara a más de 60 mil derechohabientes de sus viviendas mediante procesos judiciales amañados, orquestados por despachos, notarios públicos y autoridades coludidas. Más aún, en al menos 21 estados, las mismas propiedades fueron vendidas múltiples veces, inflando cifras y maximizando ganancias ilegales, con el gobierno, como un espectador ineficaz.
Más preocupante aún es cómo las prácticas de corrupción se blindaron jurídicamente. Cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2018, el Infonavit, presionado por sus sectores empresarial y de trabajadores, interpuso un amparo argumentando que la ASF carecía de competencia para fiscalizar recursos que, paradójicamente, son aportaciones de los mismos trabajadores. Este tipo de maniobras no sólo perpetúan la opacidad, sino que sientan un precedente peligroso: las instituciones pueden ser utilizadas para proteger intereses privados bajo el manto de lo legal.
Estos hechos se insertan en un contexto más amplio de desregulación y captura de lo público, por parte de actores privados. En este esquema, ‘empresarios’ inmobiliarios con amplias conexiones políticas encuentran en el Infonavit una fuente de financiamiento sin restricciones. Mientras tanto, los trabajadores, quienes aportan al fondo con la esperanza de acceder a una vivienda digna, son relegados al último lugar en la lista de prioridades. En un país con profundas desigualdades, este tipo de prácticas no sólo consolidan el poder económico de las élites, sino que también son un reflejo de cómo las instituciones públicas son despojadas de su vocación social, para convertirse en instrumentos al servicio de intereses privados.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES
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