Postergar o no postergar la elección de ministros, jueces y magistrados por tres meses: ese es el dilema que la presidenta Claudia Sheinbaum y las mayorías legislativas de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión tendrán que resolver en las próximas horas y días.
Cambiar la fecha de la elección solo es posible mediante una modificación a los artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en septiembre. Quienes principalmente tienen la facultad de presentar iniciativas de reforma son los legisladores federales y la presidenta de la República.
Leo y releo la petición de prórroga que Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dirigió al Congreso de la Unión. Desde el punto de vista racional, e incluso desde el sentido común y práctico, la solicitud parece atendible. Si el órgano responsable de organizar la elección señala que se trata de un proceso electoral inédito y sumamente complejo, valdría la pena considerar seriamente su petición.
Aún no es oficial, pero la presidenta Claudia Sheinbaum cerró la semana declarando que no considera necesario prorrogar la elección y que su secretaria de Gobernación se reuniría con los consejeros del INE. Es decir, si no ocurre algo excepcional, la solicitud del INE será rechazada. El criterio político se impondrá sobre cualquier otro argumento.
Es evidente que el gobierno no quiere reabrir el expediente de la reforma judicial, evitar más críticas y, mucho menos, procesar una nueva reforma constitucional en esta materia. Sin embargo, este razonamiento, hecho desde el poder, es equivocado. Se trata de una oportunidad para corregir varias incongruencias y errores de la reforma, producto tanto de las prisas como de la complejidad del tema.
El objetivo de esta reforma es que, a finales del próximo año, se cuente con una Suprema Corte renovada y con mejores jueces en la mitad de los tribunales del país. Sin embargo, este resultado depende de un proceso electoral exitoso, lo que significa, en primer término una buena participación ciudadana, lo cual implica alcanzar al menos el 35% de la lista nominal. Esta cifra es apenas un poco mayor al porcentaje necesario para que una consulta popular sea vinculante, que equivale al 33% de la lista nominal.
La única manera de aspirar a esa meta de participación es instalar el mismo número de casillas que en las elecciones federales de este año, con todo el gasto y los recursos humanos que ello implica.
Además, se requiere una organización impecable. Y para lograrla se necesitan recursos suficientes y, sobre todo, tiempo, que es el único recurso no renovable en la vida y en la política.
Es cierto que la presidenta, los diputados y los senadores tienen el mandato popular de impulsar la reforma judicial, pero también tienen la responsabilidad de no meter la pata y, menos aún, de tropezar con sus propias decisiones.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
