“El poder está en la sociedad y sus instituciones. Precisamente por eso, la realidad nos ha impuesto nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia de alguno de los poderes clásicos”, refería la reforma a diversas disposiciones de la Constitución, en materia de fortalecimiento a organismos constitucionales autónomos, presentada en 2002.
En aquel entonces, esta iniciativa vanguardista representaba un avance en la construcción del Estado democrático y la consolidación de una reforma estructural para mejorar la relación entre la sociedad y gobierno.
Hoy, esos organismos emanados de las demandas sociales viven momentos críticos ante la discusión que se avecina en el Congreso de la Unión, del dictamen de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, que pretende extinguir varios de ellos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esta propuesta, que busca eliminar al INAI, establece un régimen regresivo para los controles democráticos y la garantía de los derechos humanos en México, por lo siguiente: Primero, porque se fragmenta la función de revisión, ya que desaparecen los organismos garantes con autonomía y las autoridades funcionarían como juez y parte; esto porque establece a las contralorías de las instancias como revisoras en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en los organismos autónomos que subsistan —INEGI, CNDH y Banco de México—.
Además, la competencia sobre partidos políticos se le otorgaría al INE; y, sobre sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Segundo, porque no define la autoridad encargada de tutelar los datos personales en posesión de particulares y deja a la legislación secundaria la posibilidad de definir qué instancia del Poder Ejecutivo se encargará de ello.
La protección de datos personales es un derecho consagrado en nuestra Constitución, que requiere certeza. Tercero, porque se deroga lo relativo al Sistema Nacional de Transparencia, una instancia de coordinación que ha sido crucial, entre otras tareas, para poner en marcha la Plataforma Nacional de Transparencia y emitir la normativa necesaria para homologar la manera en que se clasifica la información.
Cuarto, porque elimina una segunda instancia gratuita y expedita para la revisión de asuntos que se resuelvan en las entidades federativas. Quinto, porque la sociedad dejaría de tener órganos especializados facultados para interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, contra leyes y actos que vulneren los derechos de acceso a la información. Sexto, porque afectaría el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, el Convenio 108 del Consejo de Europa o el Acuerdo de Escazú.
Estamos en una semana crucial para la vida democrática y social de nuestro país; las implicaciones que tendría eliminar los organismos autónomos, como el INAI, podrían impactar negativamente en muchos ámbitos colectivos.
Por ello, hago un llamado respetuoso a los legisladores: hagamos una pausa; reflexionemos y dialoguemos sobre las afectaciones que tendrá esta reforma. Esto no es cuestión de simplificar la Administración Pública Federal, es una cuestión de derechos y libertades. Hoy, México es un referente internacional tanto por su andamiaje normativo como institucional.
POR BLANCA LILIA IBARRA CADENA
@BL_IBARRA
*COMISIONADA DEL INAI
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