No hay mejor apuesta para un nuevo gobierno que la hecha en pro de la justicia, sin embargo, ello representa un reto mayúsculo, cuyo costo, de no lograrse, es alto.
La expectativa que genera decir que una reforma judicial generará un cambio profundo en la justicia, trae implícita la esperanza de paz y tranquilidad, ello es de una inmensa dimensión.
Las discrepancias en torno a la forma de llevar a cabo esta intención de mejorar con un cambio en el aparato burocrático judicial, sin duda, ha representado el mayor debate público en nuestra sociedad de los últimos 100 años, y seguramente esto no terminará en muchos más, dadas las condiciones propias de estos tiempos.
Sin embargo, el tiempo sigue corriendo y nada lo detiene, es momento de aportar e insertarse en lo que será aterrizar el texto constitucional aprobado por el Congreso y no invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún existen temas que abordar pendientes de definirse.
Nadie goza del monopolio de la verdad ni de las mejores ideas sobre cómo blindar la independencia y carrera judicial y para ello aún se tiene el espacio de las leyes secundarias. Vamos a debatirlas. El inmovilismo no es opción para nadie, debe caminarse hacia la transición ordenada de la Reforma Judicial.
Por ejemplo, es importante que se entienda que la función del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, no es otra instancia judicial que podrá resolver sobre cosa juzgada por las autoridades competentes.
Que la nueva Suprema Corte no tendrá mayores facultades para la procedencia de los medios de control constitucional que los que actualmente tiene, lo mismo que los Juzgados de Distrito o que los Tribunales Colegiados de Circuito, o que se tendrán nuevas atribuciones para el cumplimiento de las sentencias de amparo. No, se tendrán casi las mismas reglas de juego.
La nueva energía del motor social de la Reforma Judicial está en la selección de las y los titulares quienes, en periodos de seis, nueve o 12 años, tendrán que estar a la altura de las demandas de justicia en México. Su misión no será preservar las condiciones actuales, sino de mejorarlas, con resultados objetivos y transparentes a la vista de todos.
El hacer un llamado a las y los jóvenes profesionistas del derecho para acceder a los cargos judiciales trae consigo también una prueba de ácido sobre la formación académica que pudieran haberles brindado las universidades públicas y privadas del país; por otra parte, quienes no gocen de la cualidad de juventud, habrán de ser evaluados por su experiencia y en años de servicio, en uno u otro caso, la tarea de selección es de vital importancia para el futuro de la reforma.
El éxito o el fracaso será producto no sólo del sufragio del pueblo, ni de quien gane una elección, sino que también alcanzará a quienes decidan sobre la conformación de la boleta.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@ENRIQUESUMUANOC
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