El 2024 arrancó con múltiples expresiones de violencia en todo el país: masacres en Guerrero, migrantes secuestrados y luego liberados en Tamaulipas, saqueos en comercios en la capital de Tabasco, asesinato de precandidatos opositores en Colima, Chiapas y Morelos…
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este sexenio han sido asesinadas 165 mil 921 personas. Un número verdaderamente escalofriante, con todo y que, según la misma fuente, en 2023 hubo una disminución del 5% en el número de homicidios respecto al 2022. A lo anterior se añaden los casi 50 mil desaparecidos en los últimos cinco años.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, el 74.6% de los mexicanos se sienten inseguros. Queda claro, pues, que la violencia es el principal problema del país. Y es un problema que no admite soluciones mágicas ni meramente voluntaristas.
Parece haber un consenso entre los especialistas en que la ausencia del Estado es la que propicia que organizaciones criminales expandan sus actividades y generen más violencia. La impunidad en México es alarmante y la complicidad de muchos actores políticos con la delincuencia es innegable. Por lo tanto, cualquier estrategia de seguridad que pretenda dar resultados pasa necesariamente por el fortalecimiento integral de los cuerpos de seguridad y de los órganos de procuración de justicia.
Tener policías municipales y estatales capacitadas y bien pagadas es indispensable, lo mismo que contar con fiscalías verdaderamente independientes del poder político y que dejen de tener el monopolio de la recepción y la investigación de denuncias; al igual que ocurre en otros países, quizá no sea mala idea que las policías locales tengan facultades para investigar ciertos delitos.
La Guardia Nacional debe transformarse en una fuerza civil, profesional, con altos estándares de calidad, con sueldos competitivos y esquemas de protección social para sus miembros. Además, hay que fortalecerla con áreas especializadas, como la de antisecuestros o la de ciberseguridad, y crear unidades para combatir los delitos de alto impacto que más lastiman a la población, como hoy en día son el homicidio doloso y la extorsión (el famoso “derecho de piso”).
Y en todas estas tareas, es urgente reconstruir por completo el sistema penitenciario: es sabido que muchos delitos se cometen desde las cárceles.
El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia no ha sido una prioridad del actual gobierno. La situación a la que hemos llegado es insostenible, y sólo con una estrategia que combine inteligencia y firmeza podrán disminuirse los alarmantes niveles de violencia que tiene el país.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
PAL
