Tecaxtitlán es otro de los hechos que recuerda con fuerza la falta de derecho y seguridad que se le debe a muchas comunidades asoladas por la delincuencia organizada.
Ya ha pasado una semana desde que la comunidad de Texcapilla, harta de las extorsiones y amenazas, se enfrentó al grupo ligado a la Familia Michoacana que les cobraba 10 mil pesos o más por hectárea o parcela. Un grupo de comunitarios se armó y preparó un ataque contra los extorsionadores que dejó a 14 personas muertas.
Otro ejemplo donde la población civil tiene buscar alternativas para garantizar su vida y su propiedad; otro pueblo indefenso que harto de la impunidad, busca rescatar el vacío que la autoridad le ha cedido a los delincuentes por conveniencia, por miedo o complicidad.
Difícilmente este tema iba a ser tratado en la conferencia mañanera, aunque la gravedad de los hechos orilló al gabinete de seguridad a salir al paso. Se enviaron refuerzos militares y hasta a la gobernadora Delfina Gómez, quien ha visitado la localidad en dos ocasiones desde que ocurrieron los hechos.
Pero al mismo tiempo que las autoridades se hacían presentes, los delincuentes amenazaban vía WhatsApp a los habitantes, buscando venganza por los asesinados. Entre el miedo y la zozobra, surgieron versiones de que hasta diez personas habían sido levantadas, tomadas como rehenes a cambio de que les fueran entregados los campesinos que orquestaron el ataque en su contra.
Hasta el cierre de esta columna, se había emitido una ficha de búsqueda por un joven de 25 años de quien no se sabe nada desde hace una semana. Paralelo a esto, ha comenzado el éxodo de los habitantes, temerosos de que la violencia los alcance.
El hecho replica la constante en todo el país: pequeños negocios, restaurantes, prestadores de servicios y agricultores que están a merced del crimen.
Los hay de todos casos. Por ejemplo, en Reynosa, donde los taxistas y otros transportistas advierten que criminales montan retenes para interrogar a recién llegados al aeropuerto o centrales camioneras, en busca de migrantes a quienes les cobran derecho de paso. Y cuidado si alguien les resulta sospechoso. Los retenes no son algo nuevo, pero sí el giro que cada grupo “atiende”. No es el mismo interés en Sinaloa, que en Michoacán Jalisco o Guanajuato.
Un dato espeluznante de acuerdo con un estudio realizado por la firma AC Consultores, que tuvo como bases informes del gobierno federal, autoridades estatales, fuentes abiertas y documentos clasificados de la Sedena, es que el 81 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo el control del crimen organizado, con 175 grupos criminales que ponen en riesgo a 108 millones de personas.
Es decir, nueve de cada diez mexicanos vivimos en riesgo debido a las actividades delictivas del crimen. Cifras que serán negadas y más con las elecciones encima.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ
