La minería de pocitos de carbón no debe existir. En 25 años, 52 accidentes han dejado patente la letalidad que cobró la vida de 153 trabajadores. Esa actividad extractiva que es insostenible. Y el gobierno lo sabe.
Hace más de una década que el Servicio Geológico Mexicano (SGM), una entidad sectorizada a la Secretaría de Economía, identificó con taches en rojos que, en la geológica Cuenca de Sabinas, amplias extensiones del subsuelo están minadas y, por ende, son de alto riesgo. El detalle de los mapas se ubica en la Cartografía Minera que el SGM se supone mantiene actualizada y que debería ser parámetro no sólo para la contratación de proveeduría de carbón por la Comisión Federal de Electricidad, sino también para autorizar o desautorizar operaciones en materia del trabajo.
Aun así, la Dirección General de Minas, también dependiente de Economía, mantuvo y siguió autorizando títulos de concesión a pequeños productores.
Para entonces, 84 mineros habían muerto en 26 pocitos en condiciones similares a las del pasado 3 de agosto, cuando 10 trabajadores quedaron atrapados en la inundación de El Pinabete que, a estas alturas, todo mundo los sabe, estaban minando en zona minada.
El contraste de la Cartografía Minera con los indicativos de “alto riesgo”, fue publicada en la pasada edición de la revista Proceso y los datos de muertes forman parte de los registros de la Organización Familia de Pasta de Conchos. Al cruzar la información es indiscutible que los 52 accidentes mencionados, sin incluir los accidentes de Pasta de Conchos ni de las minas de AHMSA que son de otro tipo, ocurrieron todos en pocitos ubicados en zonas minadas.
En la Región Carbonífera de Coahuila, lo que parece no es: los “pocitos”, llamados en diminutivo como si fueran inofensivos, son estructuras mineras que generan ganancias millonarias y, los pequeños productores no son gente de pico y pala. Por ejemplo, los contratos de la CFE a la morenista familia Flores, ascienden a más de mil 200 millones de pesos sólo en lo que va de este sexenio.
Inmersos en esa actividad hay importantes cacicazgos cuyos nombres resuenan en México y el extranjero: el exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor y sus hermanos, son grandes poceros; quien fungía como presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana Tijerina y hermano, andan en lo mismo.
O para no ir más lejos, las familias relacionadas con El Pinabete (no el pobre capataz identificado que funge de prestanombres y, dicho sea con todo respeto, su familia vende chanclas en Facebook) están inmersas en una investigación por financiamiento ilegal a la campaña del presidente de Guatemala, Alejandro Giamatei.
Esos caciques con poder político y económico, han evitado en otros momentos la prohibición de los llamados “pocitos”. Hace 10 años, durante la discusión de la Reforma Laboral, por ejemplo, hubo mano negra pues el dictamen aprobado llevaba esa prohibición pero al publicarse en el Diario Oficial de la Federación ya no estaba.
No hubo consecuencias para el borrón, como tampoco lo hubo en 2014, cuando una vez más se estableció la prohibición en la Reforma Energética y al publicarse ya no estaba. Esto es: son poderosos como para torcer impunemente un proceso legislativo de gran calado.
Por lo anterior, sorprende que el presidente López Obrador base el desarrollo de esa región en los pocitos para abastecer la reactivación de carboeléctricas, por si fuera poco, con cabrón de mala calidad que ha causado severo daño en los equipos de combustión.
Hoy, el lamento y promesas del presidente son insuficientes, pues tiene en sus manos la oportunidad histórica de garantizar la no repetición, cerrando de una vez por todas esas trampas mortales. Aunque se sabe que es aferrado y no parece que hacia allá se esté encaminando.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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