Hace más de una década analizaba tendencias de seguridad ante lo que era el grueso de una guerra frontal del Estado en contra de la delincuencia organizada.
Por esa época, la estrategia de combate contra la clara presencia de grupos armados como Los Zetas, CDG y La Familia Michoacana incluyó una dinámica evolución que introdujo tanto componentes activos, como pasivos.
Los elementos pasivos los comprendía el despliegue de fuerzas militares "importantes" para estabilizar zonas donde el Estado había dejado de ser autoridad y la delincuencia organizada (o desorganizada), imperaba.
En estas áreas, los malandros operaban impunemente hasta el punto de establecer sus propios retenes y patrullas de vigilancia, cobrando piso y desplegando su poder de guerra de una manera flagrante. Llegaron a portar uniformes y marcar sus vehículos, principalmente pickups, con las siglas de organizaciones criminales. Estas se convirtieron en su principal medio de transporte.
En pocas palabras, como no tenían oposición creíble del Estado, actuaban como un reemplazo macabro de esa institución, pues ocupaban territorio operando en flagrancia.
Como respuesta inicial, los grandes despliegues militares se materializaban mediante retenes que funcionaban como filtros de seguridad en puntos estratégicos. En casos extremos se crearon puestos, dotados de sistemas de mando y control, vehículos logísticos militares como los Humvees, e incluso, automóviles blindados diseñados para guerras convencionales.
Este componente pasivo de fuerzas, relativamente estáticas, servía como disuasión para bloquear el ingreso de delincuentes hacia algunas regiones clave o centros de población y para mandar un mensaje a la ciudadanía de que el Estado estaba presente.
El elemento pasivo no era suficiente para desarticular a la flagrante fuerza criminal, por lo que pronto se establecieron operaciones guiadas por células de inteligencia militar, algunas veces encubiertas, para eliminar el liderazgo y las estructuras operativas de la delincuencia organizada. Las fuerzas militares, ahora a la ofensiva, buscaron sumar pickups a sus capacidades, ya que sus Humvees, con un límite de velocidad de 90 km/h, no lograban alcanzar a los malandros. Y después se les sumaron drones y helicópteros artillados.
La delincuencia organizada sufrió el deterioro de sus capacidades y a sentir que les pisaban la sombra, lo que forzó a que cambiaran su modus operandi. Migraron de una flagrancia palpable a buscar el anonimato operativo, menos agresivo. En algunos espacios esto se evidenció; por ejemplo, cambiando sus pickups por minivanes, que aparentaban ser vehículos familiares inofensivos y con ello moderar su actividad criminal. Ése era un Estado preocupado, involucrado y activo, un Estado a la ofensiva, en defensa de sus ciudadanos.
Todo parece indicar que las pickups narco-rotuladas, es decir, la mentalidad de flagrancia está de vuelta en varias zonas del país. Producto de la política Abrazos y no Balazos que tiene a las fuerzas del Estado operando más como cascos azules entre la delincuencia y la población, que como un Estado a la ofensiva.
POR IÑIGO GUEVARA MOYANO
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y ACADÉMICO VISITANTE DEL ATLANTIC COUNCIL, EN WASHINGTON, D.C.
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