“La nube” de Internet. Ese espacio intangible que resguarda miles de archivos de instituciones públicas, pero también de usuarios normales, no está visible en México. Carece de legislación y de políticas públicas.
Aunque este servicio de almacenamiento remoto es muy utilizado y socorrido, porque muchos terminamos aceptando servicios como el de iCloud, mediante iPhone, ante la falta de capacidad de almacenamiento de los dispositivos, poco sabemos de sus condiciones, de las medidas de seguridad con las que cuentan para que no se vulnere, venda o traslade nuestra información.
Tampoco hay nada que nos garantice que en unos años esas imágenes, audios, videos y toda la información digital que tengamos en la nube, se conservará. Sin embargo, pagamos el servicio o espacio de almacenamiento mes con mes.
Las leyes locales, la federal y general de acceso a la información no consideran ninguna disposición relacionada con los servicios de computación en la famosa nube; mientras que algunas leyes de archivo y de protección de datos personales del país, tienen una idea vaga o mención escueta del cloud computing (término anglosajón).
Así lo revela un reciente estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube por el sector público mexicano, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, con el apoyo de la UNAM. En ese análisis hallaron coincidencias y discrepancias en la poca normatividad que se refiere a la materia de cómputo en la nube a nivel nacional, pero, insisto, nada sobre regulación, por lo que el campo de actuación es amplío, tanto para legisladores como para las instituciones públicas que tienen que consolidar en México una estrategia digital.
A partir de dichos resultados, la Asociación Mexicana de Internet emitió una serie de recomendaciones y aclaraciones, entre ellas, señala que no se trata de restringir o prohibir el uso de los servicios de computación en la nube, como hizo en unos lineamientos el órgano local de transparencia de Jalisco, sino de establecer condiciones claras y medidas de seguridad que garanticen la permanencia, calidad y estabilidad de la información digital de sus usuarios. Así, ven la nube como un componente “necesario de una estrategia integral de la transformación digital del Estado”. Por eso, consideran que podría potencializarse en las instituciones públicas, lo que permitiría incrementar o mejorar los servicios que deben ofrecer a la ciudadanía.
Además, señalan, debería estar ligado o vinculado a las leyes de transparencia y acceso a la información, cuando no existe ni referencia actualmente. La posibilidad de almacenar archivos en máquinas especializadas, cuya ubicación desconocemos, pero podemos acceder a ellas por medio de Internet, podría conocerse y usarse de manera informada, e incluso, potencializar su utilización y con ello sus beneficios.
Los parámetros deben ser transversales y estar considerados en las leyes y normatividad jurídica de acceso a la información, protección de datos personales y archivos. La triada perfecta y natural.
POR NALDY RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
TRANSPARENCIA3.0@HOTMAIL.COM
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PAL
